Continúa con “aplanadora judicial” polémico estadio en Tepic
La construcción del estadio Nicolás Álvarez Ortega en Tepic, Nayarit, se ha consolidado como un monumento a la opacidad y la imposición gubernamental, donde el Estado de Derecho parece haberse doblegado ante la voluntad política.
Y es que a pesar de los múltiples recursos legales interpuestos por ciudadanos preocupados por el patrimonio del espacio público, el proyecto avanza bajo una sombra de irregularidades que la justicia federal, lejos de frenar, ha terminado por validar de forma cuestionable.
La reciente decisión de la jueza de distrito Gabriela Hernández Anaya de sobreseer el amparo contra la obra no solo ignora las demandas de la sociedad civil, sino que establece un precedente peligroso sobre la protección de los derechos ambientales y culturales en la entidad.
Uno de los puntos más críticos de esta controversia radica en la argumentación de la jueza para desestimar el interés legítimo de los quejosos, basándose únicamente en la distancia geográfica de sus domicilios respecto al sitio de la obra. Al considerar que vivir entre 1.9 y 7.6 kilómetros del estadio es motivo suficiente para negar una afectación directa, el Poder Judicial ignora la naturaleza sistémica del impacto ambiental y cultural que un proyecto de esta magnitud tiene sobre toda la zona urbana de Tepic.
Esta visión restrictiva de la justicia deja a la ciudadanía en la indefensión, sugiriendo que solo quienes colindan pared con pared con una obra ilegal tienen derecho a protestar por la pérdida de espacios públicos y áreas verdes.
La documentación que sustenta la legalidad de la construcción es, por decir lo menos, deficiente y sospechosa, careciendo de elementos básicos de validez oficial. Los abogados defensores han señalado con precisión que los permisos presentados por el gobierno estatal no cuentan con marcas de agua, vigencias claras, identificación de firmantes ni claves catastrales, lo que pone en duda la autenticidad de los mismos.
Es alarmante que un proyecto que involucra millones de pesos del erario se ejecute con licencias de construcción que parecen elaboradas al vapor para regularizar una ilegalidad ya cometida, en lugar de cumplir con los rigurosos procesos de planeación y transparencia que la ley exige.
A esta falta de rigor técnico se suma la flagrante violación a las suspensiones judiciales previas, ya que las obras continuaron a pesar de que inicialmente se había determinado que no existían dictámenes de impacto ambiental ni de compatibilidad urbanística. La aparición repentina de una licencia de “regularización” para permitir la reanudación de los trabajos ha sido calificada por los litigantes como una “marranada” jurídica, diseñada específicamente para burlar la protección que brindaba la suspensión definitiva. Este actuar demuestra una coordinación preocupante entre el Ejecutivo estatal y ciertos sectores del Judicial para validar hechos consumados por encima de la normativa vigente.
Desde la perspectiva ambiental, el costo ha sido irreversible: la desaparición de un entorno que albergaba más de 200 árboles y funcionaba como un pulmón y sitio cultural para la comunidad. El discurso oficial que promete un “centro deportivo y cultural” de talla internacional no logra ocultar la cicatriz dejada por la tala masiva y la destrucción de un espacio perfectamente sustentable.
La retórica del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero sobre la “armonía” y el beneficio público resulta contradictoria cuando para construir un nuevo estadio se debió destruir el patrimonio natural y desoír el clamor de quienes defienden el derecho al acceso a la cultura y a un medio ambiente sano.
El factor presupuestario también levanta sospechas, con una inversión que ya alcanza los 320 millones de pesos y que el gobernador pretende completar a marchas forzadas antes de que concluya su gestión. Esta urgencia por entregar la obra bajo la premisa de “no dejar obras inconclusas” parece priorizar el legado político y la foto de inauguración por encima del cumplimiento estricto de la ley y la resolución de fondo de los juicios de amparo. La inversión de recursos públicos en un proyecto nacido de la ilegalidad y la falta de consenso social es un golpe a las finanzas de un estado que tiene otras necesidades apremiantes en materia de infraestructura y servicios básicos.
Finalmente, el caso del estadio Nicolás Álvarez Ortega se ha convertido en un símbolo de cómo la justicia puede ser utilizada para legitimar el autoritarismo en lugar de limitar el poder. Los abogados del despacho Artículo 27 han anunciado que recurrirán a tribunales colegiados para intentar revertir una sentencia que consideran tramposa y carente de motivación técnica. Sin embargo, mientras los tiempos legales siguen su curso, las máquinas no se detienen, consolidando una política de hechos consumados que deja a los ciudadanos de Tepic con un estadio nuevo, pero con un sistema de justicia debilitado y un entorno natural mutilado.
