JOVEN lo perdió todo por DESATENCIÓN negligente de Protección Civil en accidente con “influyentismo”

Lo que comenzó como un accidente de tránsito en una calle de Bucerías, se ha transformado en una lacerante radiografía de la impunidad y el presunto abuso de autoridad en Bahía de Banderas. El caso de Luis Mendoza, un ciudadano de 24 años, no solo relata la historia de una fractura física, sino la de un sistema que parece estar roto y al servicio de los influyentes.

El 19 de julio, Luis Mendoza fue arrollado por un automóvil conducido por  María de Jesús Herrera Izazaga, en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Primavera. El impacto, documentado con imágenes de la moto y el coche, dejó a Mendoza tendido en el suelo con una fractura en la tibia, según constatan radiografías posteriores. Sin embargo, el calvario de Luis apenas comenzaba.

El ciudadano relata en su legítimo testimonio que, mientras yacía herido, tendido en el suelo, pidiendo socorro a los elementos de Protección Civil, se le acercó un hombre que, según el testimonio de la conductora, se dedica a “actividades ilícitas”.

Este hombre habría dado una orden directa a los paramédicos de Protección Civil, entonces bajo la dirección de Xavier Esparza (hoy comisario)., que llegaron al lugar. La instrucción fue categórica: “manden a la chineada a ese wey, denle viada”. En sus palabras, el hombre le confesó más tarde: “a mí aquí todos me conocen, yo les dije a los paramédicos que te dieran vianda porque no tenías nada”.

A pesar de que Mendoza suplicó ayuda para incorporarse, pues no podía pararse y sentía dolor, un paramédico de Protección Civil le dijo tajantemente y con prepotencia que “no tenía nada” más allá de “músculos golpeados”.

Le cortaron la ropa y no le ofrecieron traslado en la  ambulancia. Fue un conocido de la colonia quien, apiadándose de la situación, lo ayudó a levantarse y subir a la unidad, que posteriormente no lo trasladó.

Irónicamente, el reporte oficial de Protección Civil, firmado por los mismos paramédicos, indicaba que sí se le había brindado atención y que el ciudadano se negó al traslado, una afirmación que Luis desmiente rotundamente.

La presunta omisión de Protección Civil no fue el único obstáculo. La implicada María de Jesús Herrera Izazaga,  conductora del automóvil que impactó a Luis, llamó a una conocida que se hace llamar “La Carmelona”, que por tener una estrecha relación con el alcalde Héctor Santana, le iba a ayudar a evadir su responsabilidad en el accidente.

En este sentido, se ha confirmado que esta mujer es Carmen Guerrero, cuya cercanía con el poder no es infundada, pues ha sido públicamente reconocida por el alcalde Héctor Santana en una publicación como su “amiga comerciante de tostadas”, lo que añade peso a la afirmación de que goza de influencia directa en la administración municipal.

Ante la presencia de un oficial de policía vial, “La Carmelona”, quien llegó puntual a la escrna, habría presionado para que se firmara un acta-convenio, prometiendo que ella se haría cargo de todos los gastos. La oficial de tránsito, por su parte, le dijo a Luis que “si vino la señora Carmelona es porque si tienen con que y te van a pagar”.

En estos hechos, Luis también solicitó a los elementos de Tránsito y de Protección Civil que, como primeros respondientes, tomaran el testimonio de quienes  vieron el accidente, había testigos que se ofrecieron a hacerlo. De manera  tajante, los oficiales  se  negaron a ejercer el protocolo.

A pesar de que fue presionado para firmar el documento, el acuerdo nunca se cumplió. La conductora, según Luis, solo gastó $300 pesos en un Uber para que regresara a su casa, y días después, tras acompañarlo a una segunda valoración médica para corroborar la fractura que no creía, se olvidó de las promesas. El último mensaje que le envió la señora Herrera fue que, al haber firmado el convenio, ya no le pagaría nada.

Con la fractura y el impago, la situación de Luis se volvió insostenible. Perdió su empleo y su situación económica se deterioró drásticamente, lo echaron de su domicilio por no pagar la renta. En busca de justicia, envió solicitudes de ayuda al Ayuntamiento, todavía cuando Briana Guzmán era directora de seguridad pública, ante el solapamiento del actuar de los elementosde Vialidad (bajo ordenes de Karina Polanco) y Protección Civil, pero sus peticiones fueron ignoradas.

A pesar de haber enviado documentación con sello de recibido en Oficialía de Partes, Luis afirma que ha transcurrido más de un mes sin respuesta. Hoy la nueva directora de Protección Civil, Karina Polanco, ignora sus mensajes.

La omisión más significativa, y la que ha perpetuado la situación de vulnerabilidad de la víctima, recae en el alcalde Héctor Santana. A pesar de las múltiples solicitudes de ayuda, de los documentos presentados y de los intentos de comunicación directa por parte de Luis Mendoza, el edil ha ignorado por completo el caso, permitiendo que se configure un aparente contubernio de tráfico de influencias. Su silencio y el de sus funcionarios ha dejado a un ciudadano con una fractura física y un sistema de justicia aparentemente quebrado.

En el momento de los hechos, Polanco estaba al frente de la Dirección de Tránsito. Su omisión fue haber ignorado el mal actuar de su elemento, pues la oficial que persuadió a Luis para que firmara el acuerdo por instrucciones de un civil, a sabiendas de las irregularidades que rodearon la firma del mismo. Hoy, Polanco es directora de Seguridad y continúa ignorando el caso.

En ese entonces director de Protección Civil y hoy comisario, Esparza también falló en su deber. Su inacción se centró en no sancionar al personal de Protección Civil que, por orden de un tercero, le negó la atención médica adecuada y el traslado a Luis, un hecho que puso en riesgo su integridad.

El caso de Luis Mendoza deja en evidencia una serie de preguntas inquietantes para el municipio. ¿Por qué el personal de Protección Civil actuó bajo las órdenes de un civil y puso en riesgo la integridad de un herido? ¿Por qué la policía vial y el personal de Protección Civil desestimaron testimonios de un accidente? Y, más importante aún, ¿por qué el alcalde y sus directores de seguridad pública, Briana Guzmán y Karina Polanco, habrían ignorado las súplicas de justicia de un ciudadano, permitiendo que la omisión y el presunto influyentismo se impongan sobre la ley? La investigación continúa, pero para Luis, la fractura de la justicia ya ha dejado una cicatriz permanente.