EL OTRO INFORME: omisiones, errores y proyectos olvidados
Durante su Primer Informe de Gobierno, llevado a cabo en una transmisión en vivo de discurso monótono, el alcalde Héctor Santana presumió que en este año de la administración que encabeza, el municipio de Bahía de Banderas se ha sustentado en dos pilares de logros principales: la inversión récord en obra pública—estimada en $800 millones de pesos— y la lucha frontal contra la corrupción de administraciones anteriores.
Si bien la actividad constructiva es innegable, con más de 150 obras que el alcalde expone, un análisis crítico de la gestión revela importantes desafíos estructurales que el informe omitió, y que, de no ser abordados con rigor, podrían desdibujar su narrativa de la “transformación”.
El gobierno se concentra en construir el futuro mientras el presente administrativo y de seguridad pública muestra debilidades persistentes.
En tema del acueducto, la mayor obra de la administración, apoyada por el Gobierno de Nayarit y que busca poner fin al histórico problema de agua salada en Bucerías, es el estandarte de la inversión municipal en OROMAPAS.
El gobierno lo celebra como un logro casi consumado, lo que implica que la solución definitiva para miles de familias sigue siendo una promesa en construcción. No obstante, este optimismo debe ser fiscalizado, pues el organismo operador arrastra una deuda histórica que superaba los $295 millones de pesos, y el informe no detalló la estrategia financiera a largo plazo para sanear las finanzas y asegurar la sostenibilidad del servicio más allá de los esfuerzos recaudatorios inmediatos y los cortes de servicio.
Si se está haciendo una obra tan grande y al mismo tiempo se busca combatir el rezago financiero y la cartera vencida de OROMAPAS, ¿cómo será posible no caer en la falta de recursos para el organismo?
Otro tema, es que ya no se abundó absolutamente nada sobre el estudio técnico que en su momento el Ayuntamiento instruyó se hiciera para la construcción de un pozo radial, los resultados y la inversión del recurso ha quedado en algún rincón olvidado.
Otro de los mayores indicadores más notables, es el de una gestión aún en búsqueda de rumbo, pues se muestra la notable y constante rotación de directores y funcionarios clave a lo largo del año.
La administración de Santana se ha caracterizado por el movimiento de piezas en las direcciones cada pocos meses, lo que conlleva un innegable desgaste. Funcionarios han llegado a ocupar hasta cuatro encargos distintos, con perfiles a menudo ajenos a la dependencia asignada, un fenómeno que genera inestabilidad administrativa y obstaculiza la continuidad de los programas.
A pesar de que el alcalde había prometido un gobierno implacable contra la incompetencia, estos movimientos han sido justificados con la retórica de que “todos los cambios son buenos”, sin que se haya concretado un solo despido público por falta de resultados.
El resultado es el “enroque” de piezas en lugar de una depuración real, sugiriendo que la lealtad política prevalece sobre la capacidad técnica en la cúpula.
En materia de seguridad pública, el aumento salarial a los policías de línea y la adquisición de 14 patrullas se presentan como acciones decisivas para mejorar la seguridad.
No obstante, la corporación de Seguridad Ciudadana y Tránsito permanece permeada de problemas internos y lo que fuentes extraoficiales denominan “cacicazgos” de los mandos, lo cual socava cualquier esfuerzo de profesionalización.
El problema es palpable en la calle, donde los tránsitos municipales continúan generando escándalos por denuncias de extorsión, corrupción e influyentismo, especialmente en los operativos viales.
La inversión en infraestructura policial es un paso adelante, pero no ha logrado penetrar la capa de corrupción que afecta directamente al ciudadano y al turista, manteniendo la sombra de la desconfianza sobre una de las áreas más sensibles del gobierno municipal.
Además, la operación de las supuestas cámaras corporales no está clara ni transparentada. Cómo tampoco se ha visto un fortalecimiento de la Policía Turística, que por el contrario, se ha desdibujado del mapa operativo.
Aen otro orden de ideas, a pesar del enfoque en la obra pública, el informe dejó en claro la ausencia de una solución vial estructural y grande para el municipio, a la altura de su crecimiento, pues la calidad de vida es erosionada diariamente por la congestión de la Carretera Federal 200.
El alcalde no ha impulsado ni anunciado la gestión de una obra federal o estatal para este fin, en un contexto donde en el municipio vecino de Puerto Vallarta, por ejemplo, se impulsa un nodo vial en su conexión con Bahía de Banderas y agiliza su arteria principal que sirve de comunicación con territorio nayarita, o el gobierno federal construye el Puente Amado Nervo.
Proyectos que alguna vez se mencionaron como esenciales, tales como un paso a desnivel en Mezcales, un nodo vial en Lago Real o la apertura de una nueva carretera/avenida entre San Vicente y Tondoroque, han quedado en el olvido. La administración se limita a la rehabilitación y pavimentación de calles locales, mientras el problema metropolitano del flujo vehicular se agrava sin una visión estratégica de infraestructura de alto impacto.
No solo Santana ha demostrado la falta de visión para proyectos de movilidad integral, sino que también ha negado integrarse a propuestas externas para la conectividad intermunicipal, como el caso de la red de taxis acuáticos que el Municipio vallartense propuesto y el alcalde de Bahía rechazó tajantemente.
En materia ambiental y turística, la gestión se ha caracterizado por una respuesta lenta y torpe ante escándalos ambientales y de invasión de playas. La narrativa de la “defensa del mar” tuvo un acto simbólico con el derribo de un muro ilegal en Sayulita, sin embargo, el compromiso más amplio de abrir nuevas entradas públicas al mar como lo prometió el alcalde, no se ha concretado. Ni un solo acceso nuevo ha sido habilitado, mientras más obras de invasión en zona federal de playa proliferan sin ninguna socialización ni explicación oficial. Es solo cuando el escándalo explota en redes sociales que el alcalde actúa o se pronuncia, pero sin generar una política de vigilancia constante y puntual.
Las playas de Bahía de Banderas, especialmente en zonas de alta plusvalía como Nuevo Vallarta y Punta de Mita, mantienen un alarmante déficit de accesos públicos, dejando la costa en una situación de privatización de facto.
Finalmente, el ícono turístico de Sayulita, a pesar de los operativos de reordenamiento, continúa en la anarquía. Las acciones implementadas contra la invasión de sombrillas, vendedores ambulantes y la ocupación de banquetas fueron meramente temporales.
El informe no ofreció ninguna solución permanente o infraestructura que garantice el respeto al espacio público. La recurrencia de estos problemas demuestra que las acciones de gobierno se limitan a “golpes de timón” mediáticos que no buscan resolver el problema de fondo, sino causar ruido en un solo momento, permitiendo que el desorden regrese y afecte tanto a la imagen turística como a los residentes locales.
También, la promesa de una administración ágil y de ventanilla eficiente choca con la realidad. La lentitud en los trámites burocráticos no ha podido acabarse como se prometió, pues la falta de personal y la obsolescencia de los procesos persisten en áreas cruciales como CATASTRO y Padrón y Licencias.
Esta ineficiencia es un lastre que irrita a los ciudadanos, frena la inversión y, crucialmente, crea un ambiente propicio para que se mantengan las prácticas de influyentismo y corrupción en la gestión de servicios.
El éxito de la “transformación” de Bahía de Banderas no dependerá solo de los kilómetros de concreto, sino de la capacidad real del alcalde para estabilizar a su equipo, depurar la policía y resolver los nudos estructurales de la movilidad y la burocracia que asfixian la vida cotidiana a del municipio. Son los ciudadanos quienes señalan estos problemas, y preferirían mejor un alcalde que solucione en la calle y no en las redes sociales.
