Tropieza gobierno de Navarro en finanzas: endeuda el estado y debe sueldos
El gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, ha marcado un hito negativo en la administración pública nacional al convertirse en el único estado del país cuya gestión fue incapaz de cubrir los aguinaldos y prestaciones de ley de sus trabajadores en tiempo y forma.
Esta situación ha sumido a la entidad en una profunda incertidumbre, ya que no existe una explicación clara y transparente de por qué las finanzas estatales colapsaron precisamente en el momento de cumplir con las obligaciones laborales más elementales.
La falta de liquidez obligó al mandatario a recurrir de emergencia a un esquema de financiamiento que combina recursos propios, un préstamo a corto plazo de 240 millones de pesos y un adelanto de participaciones federales por 800 millones de pesos gestionado ante la Secretaría de Hacienda.
A pesar de que se ha anunciado la dispersión de aproximadamente 1,250 millones de pesos para intentar calmar las protestas de docentes y empleados públicos, la realidad es que el gobierno aún arrastra deudas, con la promesa pendiente de cubrir la segunda parte del aguinaldo y otras prestaciones atrasadas para jubilados y pensionados durante el resto del mes de enero.
Esta crisis no es un hecho aislado, sino la culminación de una gestión financiera sumamente cuestionada y plagada de decisiones polémicas que han debilitado el erario nayarita. La administración de Navarro Quintero ha estado bajo el escrutinio público por errores presupuestales escandalosos, como el uso discrecional de fondos en proyectos de infraestructura de dudosa prioridad mientras se descuidaban los fondos de pensiones y el gasto corriente operativo.
Recordemos que el gobierno de Navarro Quintero ha alcanzado un punto crítico en debacle previamente con el manejo del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, donde se ha denunciado la desaparición de más de 2,500 millones de pesos.
Esta cifra, que corresponde a retenciones directas de los salarios de los empleados, se desvaneció de las cuentas públicas sin que hasta la fecha exista un rastro claro de su destino, lo que ha derivado en denuncias penales por robo y peculado ante la Fiscalía General del Estado y peticiones de desafuero en el Congreso de la Unión.
En este contexto, la accidentada y estridente implementación de la llamada “Ley Navarro” agravó el conflicto social al reducir drásticamente los beneficios de los jubilados, recortando sus aguinaldos de 70 a solo 45 días y eliminando aportaciones patronales clave, bajo el argumento de una quiebra técnica que muchos sectores consideran fabricada o provocada por la mala administración.
A este escándalo se suman otras decisiones erráticas, como el gasto discrecional en proyectos de infraestructura poco transparentes mientras se descuidaban las reservas básicas para sueldos. Para intentar contener la indignación social por la falta de pagos en diciembre, Navarro Quintero optó por una salida que compromete el futuro de los nayaritas: endeudó al estado mediante préstamos bancarios de corto plazo y el adelanto de participaciones federales por más de 1,000 millones de pesos.
Sin embargo, este endeudamiento masivo ni siquiera sirvió para saldar las cuentas pendientes, ya que solo se cubrió una parte de lo debido, dejando a miles de trabajadores con la incertidumbre de cuándo recibirán el resto de sus prestaciones mientras el estado queda hipotecado ante la federación y la banca privada.
La narrativa oficial intenta desviar la responsabilidad hacia un déficit heredado y supuestos recortes federales, pero la incapacidad para responder a las obligaciones básicas del estado frente a sus trabajadores evidencia una gestión fiscal errática y una planeación administrativa inexistente. El hecho de que Nayarit sea la excepción en el cumplimiento de pagos a nivel nacional deja al descubierto que el problema no es coyuntural ni externo, sino producto de una administración que ha fallado en sus proyecciones de ingresos y en el control estricto de su gasto, comprometiendo la estabilidad social y política de la región.
Mientras el gobernador afirma asumir su responsabilidad sin buscar culpables externos, las críticas en redes sociales y las movilizaciones sindicales subrayan que su compromiso con las familias nayaritas se ha quedado en el discurso, contrastando con la cruda realidad de una tesorería estatal que hoy depende de la caridad de la federación y de deuda pública para subsistir.
