Continúa protesta de trabajadores contra el gobierno estatal
El conflicto laboral que mantiene en vilo a la administración pública de Nayarit alcanza hoy un punto crítico. En las próximas horas se espera el arribo a la capital del estado de la caravana de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), quienes culminan una caminata de tres días iniciada en el municipio de Tuxpan.
La movilización, conformada por más de 500 trabajadores, tiene como objetivo instalar un plantón indefinido en la explanada de la plaza Benito Juárez, frente a las oficinas del Poder Legislativo y el Palacio de Gobierno, para exigir el pago de prestaciones laborales y denunciar lo que califican como una “criminalización de la protesta”.
El arribo de los manifestantes ocurre en un clima de alta tensión institucional. En el contexto de este conflicto, la Fiscalía General de Nayarit ha emitido advertencias directas a través de sus canales digitales sobre las consecuencias legales de obstruir las vías de comunicación.
Desde el pasado 16 de enero, la dependencia difundió mensajes advirtiendo que los bloqueos carreteros pueden acarrear penas que van desde los “cinco días hasta 10 años de prisión”, exhortando a la ciudadanía a manifestarse de forma pacífica sin afectar a terceros.
El reclamo principal de la base trabajadora se centra en el incumplimiento sistemático de pagos por parte del ayuntamiento de Tuxpan y el gobierno estatal, incluyendo aguinaldos, primas vacacionales y fondos de ahorro atrasados.
Sin embargo, el conflicto ha escalado al ámbito penal. El sindicato exige el cese de la persecución judicial contra cinco de sus miembros —María del Consuelo Llanos Esquivel, Luz Adriana Rodríguez Rodríguez, Héctor Manuel Rojas Peña, Fredy Martín Luna Pérez y Ubaldo Ayax Fabian Guzmán—, quienes se encuentran vinculados a proceso acusados de delitos graves como ataques a las vías de comunicación y apología del delito tras una manifestación ocurrida en octubre de 2025.
Adicionalmente, el SUTSEM reclama la entrega de la “toma de nota” de su comité, un trámite que, según una sentencia reciente del Juez Segundo de Distrito en Nayarit, ha sido omitido ilegalmente por la autoridad laboral, impidiendo la representación jurídica formal del sindicato.
Ante los cuestionamientos, la oficina de comunicación del Gobierno de Nayarit ha declarado que mantiene una política de “diálogo abierto” y respeto a la libre manifestación, privilegiando las vías institucionales. No obstante, las autoridades no han ofrecido una respuesta pública directa sobre las acusaciones de represión política ni sobre la deuda financiera específica reclamada por los trabajadores.
Se prevé que el contingente, que recorrió aproximadamente 88 kilómetros acampando en localidades como Peñas, busque entablar una mesa de diálogo inmediata tras su llegada al centro de Tepic.
