Exhibe Aristegui licencia municipal en Cocinas; Héctor Santana lo niega

El conflicto por playa Las Cocinas escaló este lunes a nivel nacional luego de que Aristegui Noticias publicó una investigación en la que señala que el Ayuntamiento actual de Bahía de Banderas autorizó una licencia de construcción para un desarrollo turístico en esta zona de Punta de Mita, por la que se habrían pagado más de 21 millones de pesos.

El documento exhibido por ese medio corresponde al folio A 0517, expediente DUXII-0600/25, fechado el 23 de abril de 2025, a favor de Proyecto H5 Nayarit, S.A. de C.V., empresa relacionada con Grupo DINE.

De acuerdo con la publicación, la licencia municipal permite la construcción de vivienda unifamiliar, vivienda plurifamiliar vertical, hotel, área común y áreas de servicio en una superficie superior a 58 mil metros cuadrados. El mismo documento administrativo consigna un recibo de pago por 21 millones 528 mil 481.64 pesos por derechos de licencia, además de la firma de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del municipio.

El señalamiento abrió un nuevo frente político para el alcalde Héctor Santana, quien no emitió un comunicado institucional formal sobre el tema, pero sí respondió en comentarios de publicaciones en redes sociales para negar que el municipio hubiera otorgado permisos en zona federal. En una de las respuestas difundidas, el edil sostuvo que “eso es mentira pues Ayuntamiento no está facultado para dar permisos ni licencias en playa o zona federal, pues esa competencia correspondería a Semarnat y la inspección y sanción a Profepa”.

Sin embargo, la controversia queda instalada porque el documento difundido por Aristegui sí muestra una licencia municipal de construcción firmada por un funcionario de su administración, aunque el debate jurídico será si esa autorización invade o no atribuciones federales.

La propia investigación nacional agrega un punto delicado: según Aristegui, el expediente municipal se sustentó en compatibilidades urbanísticas, uso de suelo, factibilidades de servicios y una manifestación de impacto ambiental fechada en 2009, sin una actualización específica para el proyecto actual.

Además, el medio señala que resoluciones de Semarnat de agosto y noviembre de 2025 determinaron que el aviso de obra presentado por la empresa no acreditaba condiciones de emergencia ni sustento suficiente para ejecutar intervenciones sin autorización ambiental previa.

Por lo pronto, mientras el Ayuntamiento intenta deslindarse del componente federal del conflicto, habitantes de Punta de Mita y comunidades cercanas mantienen la protesta social. Durante el fin de semana, pobladores y defensores de la playa realizaron una jornada pacífica con picnic y remada en paddle en playa Las Cocinas, como una forma de visibilizar el rechazo a las obras y sostener la defensa del acceso público al litoral.

La actividad fue reportada por los pobladores en videos y publicaciones de Facebook como una protesta comunitaria no violenta, después de varios días de tensión por el avance del proyecto y la presencia de maquinaria en la zona.

La inconformidad también se mantiene por la propuesta atribuida a Grupo DINE-Montage de retirar o liberar sólo cinco metros adicionales en la zona de playa. Para los habitantes, esa medida resulta insuficiente, pues consideran que no resuelve el problema de fondo: la posible afectación a la Zona Federal Marítimo Terrestre, el libre tránsito y el ecosistema costero. Habitantes de Punta de Mita rechazaron la oferta y plantearon como exigencia mínima retirar 20 metros de obra o muro en el área cuestionada, para dejar el área libre que marca la ley.

El conflicto ya había tomado dimensión nacional desde la semana pasada, cuando El País documentó que las obras del megaproyecto turístico de DINE se desarrollan a pocos metros del mar y que vecinos denuncian una posible invasión de Zofemat, además de afectaciones ambientales en una zona de desove de tortugas. Ese reporte también recordó que la protesta derivó en la detención temporal de tres personas, posteriormente liberadas, y que la Secretaría de Gobernación intervino para subrayar que el libre acceso a las playas debe garantizarse conforme al marco legal vigente.

A la defensa de la playa se suma otro reclamo que empieza a tomar fuerza entre pobladores: las presuntas áreas de donación pendientes vinculadas a desarrollos turísticos y reglas de uso de suelo en la zona. Manifestantes locales han retomado señalamientos ciudadanos sobre posibles obligaciones históricas de empresas relacionadas con el polígono de Punta de Mita, incluyendo caminos, accesos y terrenos que, de acuerdo con esos testimonios, deberían aclararse públicamente frente a la comunidad.

Así, el caso playa Las Cocinas ya no se limita a una discusión ambiental o de acceso a la playa. También se convirtió en un problema de transparencia municipal. La administración de Héctor Santana sostiene que no puede autorizar obras en zona federal, pero el documento difundido nacionalmente apunta a que sí existió una licencia municipal para el desarrollo dentro del ámbito urbano que el Ayuntamiento consideró de su competencia.

La pregunta que se mantiene abierta es si esa autorización fue compatible con las restricciones federales, si se revisó con suficiente rigor ambiental y si el municipio explicará públicamente por qué de acuerdo a ese documento cobró más de 21 millones de pesos por una obra que hoy enfrenta rechazo social, cuestionamientos legales y vigilancia nacional. O en su defecto, si el archivo difundido por Aristegui es falso.

Por ahora, los pobladores mantienen su postura: no aceptan cinco metros como solución, exigen claridad sobre permisos, acceso real a la playa, respeto a la Zofemat y revisión de las áreas de donación. En playa Las Cocinas, la protesta sigue en pie de lucha, pero con una ruta que hasta ahora se ha planteado como pacífica: presencia comunitaria, actividades públicas y presión social para que las autoridades federales, estatales y municipales transparenten el expediente completo.

Mientras tanto, el alcalde Héctor Santana ha insistido en que continúa acompañando a los pobladores en sus exigencias, reiterado que su administración municipal no tiene competencia para detener la obra y además, aseguró que muchas figuras políticas están tomando “raja política de un movimiento legítimo con exigencias históricas” para desprestigiar su persona con este caso.