Política

IMPORTANTE transparentar y vigilar RECURSOS de OROMAPAS y SISEP

Los resultados de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit sobre OROMAPAS obligan a poner atención en el manejo de los recursos públicos. La cuenta pública 2024 registra 41 observaciones por 69.7 millones de pesos, de las cuales, según lo informado en Cabildo, solamente tres habían sido solventadas al cierre de septiembre de 2026.

Maquinaria, asesorías, papelería, nómina y personal forman parte de los conceptos cuestionados. La ciudadanía merece conocer qué se compró, qué se contrató, qué se pagó y, sobre todo, dónde están los documentos que acreditan el correcto ejercicio de esos recursos.

Pero también es indispensable revisar la fortaleza y autonomía de los órganos internos de control. En OROMAPAS deben esclarecerse las circunstancias en las que se ha desarrollado la vigilancia administrativa, incluyendo los señalamientos sobre posibles presiones hacia quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar al propio organismo.

Un contralor no puede estar condicionado por los intereses del director al que debe vigilar. La fiscalización interna debe tener independencia, acceso a la información y garantías para investigar cualquier irregularidad, sin importar quién resulte involucrado.

Por su parte, el SISEP (servicios públicos) tampoco está exento de cuestionamientos. Desde las observaciones realizadas por la Sindicatura a su reglamento, hasta los retrasos en la consolidación de su estructura administrativa, patrimonio y nómina, existen asuntos que requieren explicaciones públicas.

A ello se suman los cuestionamientos sobre el funcionamiento de sus mecanismos de vigilancia y la integración de sus órganos de contratación. El comité de licitaciones debe funcionar conforme al reglamento, con representación y participación de quienes legalmente corresponda, sin exclusiones ni decisiones discrecionales. No basta con crear un organismo descentralizado; hay que garantizar que opere con legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

OROMAPAS y SISEP administran recursos, personal, infraestructura y servicios que pertenecen a la ciudadanía. Por eso, sus directores deben rendir cuentas ante el Cabildo y la sociedad, y la ASEN, las contralorías y los órganos internos de control deben cumplir su función sin subordinaciones.

La descentralización administrativa no puede convertirse en una excusa para reducir la vigilancia del poder público. La pregunta es sencilla: ¿quién vigila a quienes administran estos organismos y quién garantiza que los recursos de los ciudadanos se ejerzan con transparencia?