Proceso pone en PORTADA NACIONAL reportaje contra Operativo Nuevo Nayarit
El estado de Nayarit ha acaparado la atención nacional tras aparecer como el tema central de la portada en la primera edición de enero de 2026 de la revista Proceso, cuya imagen principal muestra al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero junto al ex-fiscal estatal Petronilo Díaz y al consejero jurídico Gabriel Camarena bajo el contundente titular: “Amedrentamientos y extorsiones para el despojo de tierras turísticas en Nayarit”.
Esta publicación marca un punto de inflexión mediático al exponer una realidad que se contrapone directamente a la narrativa de legalidad y recuperación de patrimonio que el mandatario y Camarena han promovido de manera persistente como el mayor logro de su administración, revelando lo que el semanario califica como la otra cara del poder en la entidad.
La investigación periodística desarticula la presunción oficial del denominado “Megaoperativo Nuevo Nayarit” al describirlo, con base en testimonios y documentos, como un complejo sistema de extorsión institucionalizado.
Según la publicación, el gobierno utiliza el aparato de justicia para fabricar carpetas de investigación y ejecutar órdenes de aprehensión que sirven para coaccionar a propietarios y ejidatarios, obligándolos a entregar sus tierras bajo la amenaza de prisión preventiva. Mientras el discurso gubernamental presume la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados valuados en 50 mil millones de pesos como un acto de justicia frente a la corrupción del pasado, Proceso señala que este esquema ha derivado en el desplazamiento de legítimos dueños para beneficiar a un nuevo entramado inmobiliario vinculado al “clan chilango” y a figuras políticas cercanas al grupo del senador Adán Augusto López.
A diferencia de la visión de progreso y saneamiento fiduciario que defiende Gabriel Camarena, la revista detalla impactos sociales y ambientales críticos, como la destrucción de manglares y la gentrificación acelerada en comunidades que hasta hace poco se mantenían al margen de este fenómeno. El reportaje enfatiza que el destino de estos predios no es el beneficio público, sino su integración al Fondo Soberano Nuevo Nayarit (Fosonn), un modelo de economía mixta que ha sido cuestionado por su opacidad y por servir como vehículo para transferir la riqueza costera a manos privadas bajo condiciones privilegiadas.
La reapertura de playas como Las Minitas o la intervención en zonas de alta plusvalía como Punta Mita son presentadas no como “ventanas al mar” para el pueblo, sino como activos listos para ser entregados a grandes consorcios inmobiliarios, perpetuando el modelo de privatización que el gobernador afirma combatir.
Finalmente, la publicación pone en entredicho la viabilidad ética y legal de este modelo de desarrollo, sugiriendo que la “recuperación” es en realidad una ingeniería jurídica diseñada para centralizar el control de la tierra más cara del país en un pequeño grupo compacto.
Al señalar directamente a Camarena como el artífice de estas tácticas, Proceso debilita el argumento de la justicia social y lo desplaza hacia la sospecha de una persecución política y económica sin precedentes.
Este choque de versiones no solo erosiona la credibilidad de la administración de Navarro Quintero ante la opinión pública nacional, sino que también genera una profunda incertidumbre jurídica para la inversión en la región, dejando la sensación de que, en el actual Nayarit, la seguridad patrimonial depende más de la lealtad política que del respeto estricto al estado de derecho y a los títulos de propiedad legalmente constituidos.
