Anuncian desarrollos en Bahía de Banderas con fondo del “Mega Operativo Nuevo Nayarit”
El Gobierno de Nayarit anunció, durante una rueda de prensa celebrada en la capital del país, una ambiciosa estrategia de inversión que busca redefinir la franja turística del estado. La presentación, liderada por el consejero jurídico Gabriel Camarena, se centró en la inminente puesta en marcha de cuatro proyectos inmobiliarios de alto impacto, destacando la construcción de un desarrollo sustentable en Sayulita y unas villas con club de playa en Nuevo Vallarta.
Sin embargo, la operación, cuya financiación se vincula a recursos recuperados por el estado tras el Mega Operativo Nuevo Nayarit, ha levantado serias interrogantes sobre la transparencia en el manejo de un fondo público millonario.
El proyecto más detallado y que encabeza esta ofensiva turística es el que se ubicará en la famosa playa de Sayulita. Se trata de un desarrollo sustentable y sostenible que se planea en un terreno de 50 hectáreas en la zona conocida como Minitas y Venados, calificado por el funcionario como una “joya” inmobiliaria por su espectacular ubicación.
Este proyecto será de carácter mixto, incluyendo la edificación de villas, residencias y un hotel, bajo un concepto moderno al que el consejero jurídico dio la curiosa traducción de “saludable”. Camarena enfatizó que este desarrollo sigue las directrices del gobernador Miguel Ángel Navarro para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región.
Este proyecto en Sayulita se enmarca junto a otros tres desarrollos cruciales en la costa de Nayarit, todos financiados, en parte, con fondos del estado. El contexto de esta inversión es crucial: se utilizará una porción de los supuestos 50 mil millones de pesos que, según el Gobierno de Nayarit, fueron recuperados mediante el controversial “Mega Operativo Nuevo Nayarit” (en referencia a la antigua zona de Nuevo Vallarta).
El manejo de estos recursos se realiza a través del “Fondo Soberano Nayarit”, cuya operación es la principal fuente de opacidad. El consejero jurídico Gabriel Camarena admitió que dicho fondo es administrado teniendo por socio a un despacho ubicado en Nueva York, lo que, para muchos observadores, complica la fiscalización.
A esta revelación se sumó la negativa a revelar los nombres de las empresas inversoras, como del propio despacho, alegando que se encuentran “en el cierre” y que existen acuerdos de confidencialidad firmados. La falta de transparencia sobre la identidad de los socios, los términos de la asociación con la firma neoyorquina, y la aplicación específica de los fondos públicos del Fondo Soberano Nayarit plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas en esta millonaria operación, la cual se gestiona fuera de los mecanismos tradicionales de inversión.
Avanzando en la descripción de los otros proyectos de la costa, el desarrollo en Nuevo Nayarit se ubicará en el corazón de la zona, específicamente en la calle de Cocoteros. Este será un desarrollo condominal con un club de playa que ofrecerá acceso directo al canal intracostero, el cual conecta con la marina y el Océano Pacífico en la Bahía de Banderas.
Un poco más al norte, en la zona de Marcos, cercana a Punta de Mita, se planea un proyecto muy similar al de Sayulita, sugiriendo un enfoque en el lujo, las residencias y el bienestar, manteniendo la línea de desarrollos mixtos de alta gama. Finalmente, el cuarto proyecto se ubicará en El Playón, una de las playas descritas como “más privilegiadas” del estado, caracterizada por su costa extensa. Ahí se construirá un desarrollo integral que incluirá una marina de gran capacidad, además de áreas habitacionales, residenciales y comerciales. Esta última inversión se sitúa estratégicamente junto al desarrollo ya abierto de Nauca , un complejo de lujo que consolida a la región como un polo de atracción de clase mundial.
A pesar de los señalamientos de opacidad, Camarena se enfocó en el aspecto social, aludiendo a la visión del Gobierno de Nayarit de fomentar un “turismo comunitario”.
El objetivo es que el visitante se integre a la población y la economía local, generando sentido de pertenencia y beneficio para los trabajadores y las zonas de residencia, tanto para nacionales como extranjeros. Sin embargo, la atención del ojo público se mantiene firmemente en la necesidad de mayor claridad y legalidad en el uso de los 50 mil millones de pesos del Fondo Soberano, exigiendo que la bonanza turística no sacrifique la transparencia pública.
