Incautaciones generan PÁNICO en mercado inmobiliario einversiónistas en Bahía
El mercado inmobiliario de Bahía de Banderas, uno de los destinos turísticos y de inversión más codiciados del Pacífico mexicano, se encuentra sumido en una profunda incertidumbre. El “Mega Operativo Nuevo Nayarit” impulsado por el gobierno estatal ha desatado una ola de pánico entre inversionistas y compradores de bienes raíces, particularmente entre la comunidad extranjera que ha visto en esta región un paraíso para el retiro y la inversión.
La iniciativa, que tiene como objetivo declarado la recuperación de bienes inmuebles presuntamente adquiridos de manera ilícita durante administraciones anteriores, ha procedido con una serie de aseguramientos bajo procesos herméticos y poco transparentes. La Fiscalía General del Estado de Nayarit ha asegurado decenas de propiedades, incluyendo fraccionamientos completos en zonas de alta plusvalía como Bucerías y Nuevo Vallarta, generando una palpable sensación de vulnerabilidad entre los propietarios.
A pesar de las declaraciones tranquilizadoras del gobernador, quien asegura que “quienes compraron de buena fe” no tienen nada que temer y que los predios asegurados serán subastados para un “fondo soberano”, la realidad en el terreno dista mucho de ser apacible.
La falta de claridad en los criterios de aseguramiento, la ausencia de una comunicación directa y efectiva con los afectados, y la incertidumbre sobre el futuro de su patrimonio han provocado que muchos inversionistas extranjeros se pregunten si sus propiedades, aunque adquiridas de manera legítima, podrían ser las próximas en ser incautadas.
La situación se agrava con el hecho de que, en algunos casos, los aseguramientos han afectado a fraccionamientos enteros, como los de Terralta 1, 2 y 3, Los Amores y Quadrant, dejando a los residentes en la zozobra sobre la situación legal de sus hogares. Las lonas de aseguramiento, que en otros casos han permanecido por meses en las propiedades, impiden el uso y disfrute de los bienes, creando una parálisis en el mercado.
Esta situación no solo ha frenado nuevas inversiones, sino que ha llevado a muchos propietarios a buscar asesoría legal para proteger sus propiedades, temiendo un proceso largo y costoso en los tribunales.
El operativo, que se extiende a través de una orden judicial con una vigencia de hasta 12 meses, busca evitar cualquier modificación legal o física de los inmuebles. Sin embargo, la prolongada duración del proceso legal y la lentitud del sistema judicial mexicano son motivo de gran preocupación para los propietarios afectados, quienes se enfrentan a la posibilidad de que sus bienes permanezcan inmovilizados por un largo periodo, independientemente del desenlace legal.
La promesa gubernamental de un “fondo soberano” a partir de la subasta de las propiedades incautadas no logra disipar la inquietud. La opacidad en la cadena de propiedad que ha dado lugar a los aseguramientos y la falta de información detallada sobre los procesos legales han sembrado la desconfianza.
El mensaje que, consciente o inconscientemente, se está enviando a los inversionistas es que la seguridad jurídica en la región es precaria, ahuyentando a un sector vital para la economía de Bahía de Banderas.
Mientras el Gobierno de Nayarit justifica sus acciones como un acto de justicia para recuperar lo que considera patrimonio estatal, el “Mega Operativo Nuevo Nayarit” está generando un daño colateral significativo. La falta de un proceso claro y una comunicación transparente está erosionando la confianza en el mercado inmobiliario, asustando a los inversionistas y compradores, y sembrando la duda sobre la certeza de la propiedad en una de las zonas de mayor crecimiento y potencial de México. La estabilidad jurídica es un pilar fundamental para la inversión, y en este momento, ese pilar en Bahía de Banderas parece estar tambaleándose peligrosamente.
