Síndico Daniela Sahugún aclara dudas sobre contratos
La síndico municipal de Bahía de Banderas, Daniela Sahagún Flores, confirmó la interposición de una denuncia contra la exalcaldesa interina Lía Castro Díaz de León por irregularidades en obras públicas, al tiempo que zanjó cualquier especulación sobre su trabajo actual.
“De mi parte no existen atrasos en la firma de contratos ni acuerdos bajo el agua con el alcalde”, sentenció Sahagún en una entrevista con Badeba Media, refiriendo que, una vez más, ha hecho su trabajo con puntualidad y no ha retrasado contratos, además de que solo proceden aquellos con legalidad en su composición.
Sahugún además negó que haya pedido más empleados a cambio de que no procediera la iniciativa que le daba un plazo para firmar o ser sustituida en los documentos, y a cambio de eso agilizar la procedencia de los propios contrarios.
La sindico ubrayó que su firma solo se estampa en “contratos legalmente sustentados”. Esto en antesala al anuncio de la acción legal emprendida la semana pasada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sobre la denuncia que apunta a la ejecución de obras durante el interinato de seis meses de Castro Díaz de León, las cuales, según la acusación, se realizaron sin contratos debidamente legalizados y sin la firma del síndico de aquel entonces.
La querella no solo señala a la exalcaldesa, sino que abre la puerta para investigar a “quienes resulten responsables”. En la mira estarían exfuncionarios clave de ese periodo: Julio César Robles Lima (exsíndico), Julia Robledo Álvarez (exsecretaria del Ayuntamiento), Gabriel Salcedo (extesorero) y David Dávalos Soto (exdirector de Obras Públicas).
El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando la Contraloría Municipal observó 32 contratos sin la firma del síndico, lo que derivó en la comparecencia de Castro y Robles y, siete meses después, en esta denuncia formal.
Sahagún Flores advirtió que esta es solo la primera de varias acciones que podrían surgir de las inconsistencias detectadas en la entrega-recepción. Enfatizó que aunque la justicia haya ordenado pagar parte de las obras para no dejarlas inconclusas, “esto no exime de responsabilidad a quienes autorizaron la ejecución sin sustento legal”.
Ahora, la Contraloría Municipal profundizará la investigación para, posteriormente, presentar la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, buscando poner fin a un capítulo de presunta ilegalidad en la obra pública del municipio.
