Condena senador de Nayarit represión del gobernador contra manifestaciones
La administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha sumido al estado en una crisis de convulsión social, al utilizar la fuerza pública para acallar un conflicto laboral que esconde graves acusaciones de persecución política.
Los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) han sido recibidos con mano dura, mientras el mandatario descalifica sus demandas, elevando la crítica incluso dentro de la esfera federal.
Todo a raíz de que policías, por órdenes del gobernador, reprimieron las protestas del SUTSEM, que han incluido bloqueos de vialidades y plantones frente a Palacio de Gobierno.
El fondo del descontento se encuentra en la derogación de la “Ley Navarro” (Ley de Derecho y Justicia Laboral) que, según los burócratas, vulnera derechos y pagos de los trabajadores, además de exigir la cobertura de prestaciones adeudadas y un aumento salarial que se les ha negado por años.
Ante estas demandas legítimas, la respuesta del gobierno estatal fue la represión policial. Reportes señalan que elementos de la Fiscalía General del Estado y Seguridad Pública realizaron un desalojo violento del plantón frente a Palacio de Gobierno, con los trabajadores denunciando el uso de la fuerza, la presencia de agentes armados y la amenaza de abrir carpetas de investigación contra más de 200 empleados por manifestarse.
Esta escalada de hostigamiento ha llevado a los sindicatos a denunciar a la administración de Navarro Quintero por persecución política y por utilizar el aparato de justicia para intimidar a la base trabajadora.
La represión del gobierno de Navarro Quintero ha sido tan evidente que provocó una condena desde el propio gobierno federal de la 4T. Pavel Jarero, senador por Nayarit y figura política cercana a Morena, reprobó públicamente la represión policial contra los trabajadores.
Esta condena es un dardo directo al gobernador, ya que avala la versión de los sindicalistas sobre el uso desmedido de la fuerza y la falta de tacto político, exponiendo una grave fisura y una falta de respaldo a las medidas del mandatario en esferas de su propio partido.
Pero frente a las denuncias de represión y la crítica de sus correligionarios, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero reafirmó su postura de intransigencia, mostrándose más preocupado por el orden público que por la justicia social.
Con un tono autoritario, el mandatario declaró: “Yo vine a defender a Nayarit”, y desestimó el conflicto como un mero pleito personal. “Que haga lo que quiera [el dirigente del SUTSEM], yo aplicaré el marco del derecho para hacer valer la ley, no para dejarme chantajear. No voy a sacrificar la libertad de los nayaritas por los caprichos de una persona”, sentenció el gobernador, evadiendo la responsabilidad del diálogo y centrando su crítica en el líder sindical.
La retórica de Navarro Quintero, que etiqueta las demandas legítimas de los trabajadores como “caprichos” y utiliza el argumento de la “libertad de un millón 250 mil nayaritas” como escudo, no solo deshumaniza la protesta sino que busca justificar la represión policial y el hostigamiento. En lugar de apertura y negociación, el gobernador ha optado por un talón de acero que profundiza la crisis y exhibe un grave déficit democrático en el manejo del conflicto social.
