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Opaca rueda de prensa en CDMX presenta “resultados” de Mega Operativo Nuevo Nayarit”

Dos años y medio después de iniciarse el “Mega Operativo Nuevo Nayarit”, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaron los avances de una estrategia que busca recuperar el patrimonio desfalcado de la entidad.

Los resultados presentados fueron expuestos en una rueda de prensa desde las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, y si bien son contundentes en cifras, dejaron un vacío en lo que respecta a la impartición de justicia penal: no se proporcionó ningún nombre de empresarios o exfuncionarios implicados en acuerdos reparatorios ni se detallaron condenas firmes.

La conferencia de prensa se centró en la magnitud del rescate patrimonial, destacando que la coordinación de las fiscalías ha permitido recuperar más de 9.6 millones de metros cuadrados de terrenos en la Riviera Nayarit, con un valor estimado de 50,000 millones de pesos. Se enfatizó que este patrimonio, que incluye fraccionamientos, torres de condominios y plazas comerciales, fue supuestamente despojado a través de una red de corrupción y fraudes con complicidas del gobierno estatal que operó entre 2005 y 2021.

Ante la insistencia de los reporteros, los funcionarios tuvieron que confirmar información que ya se sabía o que estaba en curso, demostrando que el operativo se ha enfocado en la incautación de bienes, más que en la celeridad de los procesos penales contra los responsables de alto nivel.

Se confirmó que los exgobernadores priistas Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda siguen siendo los principales blancos de las investigaciones, con órdenes de aprehensión vigentes o procesos abiertos, incluso ficha de la Interpol. Asimismo, se señaló el reciente arresto y vinculación a proceso del exdirector del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) durante el gobierno de Sandoval, Carlos Rosales Vega. Sin embargo, Rosales, de más de 80 años, enfrentará el proceso en libertad bajo fianza y medidas cautelares, una resolución que contrasta con la magnitud del fraude.

A pesar de los aparentes logros en superficie y dinero, el coordinador general jurídico del Gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena, se rehusó a dar detalles y nombres específicos que validen los resultados de la investigación.

Esta negativa deja en el mismo estatus lo que ya se sabía tras dos años y medio de incautaciones: si bien se han recuperado bienes mediante procedimientos como nulidades y rescisiones de contrato (e incluso algunos acuerdos reparatorios), la identidad de los empresarios o particulares que se beneficiaron de la compra fraudulenta de terrenos a precios irrisorios (algunos a $50 pesos por metro cuadrado) se mantiene en la opacidad.

Alimentando la incertidumbre entre inversionistas y propietarios en la industria de bienes raíces por las esporádicas incautaciones del gobierno estatal.

La ciudadanía critica que, mientras el gobierno recupera la riqueza, la justicia penal aún no presenta condenas firmes ni transparenta los acuerdos que podrían estar permitiendo a los responsables evadir el castigo.

La recuperación del patrimonio, que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero asegura que será utilizado en programas sociales, es un logro financiero, pero la falta de transparencia en los nombres de los implicados mantiene latente la duda sobre si este “Mega Operativo” logrará o no el fin de la impunidad.