Va Ludmila contra Ney González. Asegura se esconde en EE.UU. o Canadá
La subfiscal de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, ha confirmado la localización del exgobernador del periodo 2005-2011, Ney González Sánchez, “en un país de América del Norte” después de más de tres años prófugo por delitos del fuero común y federal.
La subfiscal informó que ya se han iniciado los procesos legales para su extradición, con el fin de que enfrente a la justicia en México. No obstante, el proceso de extradición se presenta complejo, pues el país donde fue localizado el exgobernador ha solicitado comprobar el principio de doble criminalidad, lo que significa que los delitos imputados en México deben ser también considerados crímenes en dicha nación.
Heredia Verdugo mencionó que se han contratado despachos para pedir aclaraciones pertinentes para lograr la extradición, reconociendo que la doble criminalidad a veces es compleja.
La noticia de la localización y la puesta en marcha de la extradición se produce en un delicado panorama judicial, ya que en días recientes se han ratificado resoluciones de amparo que declaran la prescripción de la acción penal para varios delitos vinculados a la administración de González Sánchez en el caso del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).
La investigación, que se originó a partir de actos emanados de la administración estatal en el periodo 2005-2011, denunciados por la propia Ludmila, inicialmente incluía hechos con apariencia de delitos tales como asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, peculado, tráfico de influencias, de la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles, administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, la ley penal vigente en Nayarit al momento de los hechos establece que el plazo de prescripción se calcula con base en la media aritmética de la pena, tomando el delito con mayor penalidad, que se estimó en nueve años para la administración fraudulenta.
Debido a que la consumación del último acto de participación fue situada en el año 2011, cuando González Sánchez dejó el cargo como Gobernador, los jueces de Distrito han ratificado, y los Tribunales Colegiados de Circuito confirmaron, de forma unánime el 30 de octubre de 2025, que la acción penal se encontraba prescrita al momento en que el Ministerio Público formuló la imputación en noviembre de 2022.
A pesar de estas prescripciones, la subfiscalia de Nayarit mantiene en pie otras acusaciones y ha mencionado que el exgobernador pudo haber gestionado empresas “fantasma” controladas por familiares directos. Las imputaciones que se enfocan en un presunto desfalco al FIBBA, creado para el desarrollo turístico de la Riviera Nayarita, por lo visto continúan vigentes por delitos como administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude por simulación de acto jurídico y falsificación de documentos.
La detención de un exgobernador fugitivo es, indudablemente, un caso de alto impacto que podría ser interpretado como una demostración de fuerza y un enfoque estratégico de la administración estatal para captar la atención pública.
Acciones legales de esta magnitud contra exfuncionarios se convierten a menudo en un foco de atención mediática, que la administración puede utilizar para aparentar compromiso con la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, a pesar de los obstáculos legales presentados por la prescripción de algunos delitos.
Este proceso de extradición, en particular, promete ser largo y jurídicamente complejo, especialmente al tener que demostrar la doble criminalidad y sortear los antecedentes de prescripción para hechos ocurridos durante la administración 2005-2011, lo que deja ver una posible “cacería” política donde el Estado busca enfocarse en el caso para ganar credibilidad.
Resta esperar si Ludmila tiene la suficiente estrategia y capacidad operativa para lograr comprobar la culpabilidad del ex gobernador, a quien solo 3 años después pueden localizar y cuya imputación legal sin duda no será tan sencilla como el despojo de terrenos que el gobierno estatal ha realizado con su operativo a raíz de juicios express.
