Resurgen esfuerzos por separar nuevo municipio de Compostela

En un movimiento que busca reorganizar la estructura administrativa del estado, representantes de varias comunidades costeras del municipio de Compostela han iniciado trámites legales para separarse y formar el municipio número 21 de Nayarit. Esta iniciativa, impulsada por pobladores de localidades como Las Varas, Zacualpan, La Peñita, El Capomo, Puerto de la Lima, Rincón de Guayabitos, El Monteón y Ursulo Galván, responde a un sentimiento de abandono y a la necesidad de autonomía para gestionar los ingresos generados por el turismo, sector que mueve la mayor parte de la economía en esta zona costera.

Según reportes publicados en redes sociales y medios locales, los habitantes manifiestan su deseo de crear un nuevo municipio para subsanar las carencias en servicios e infraestructura.

“Los pobladores manifiestan que es su deseo separarse y crear un nuevo municipio, ya que se encuentran en total abandono, y la plusvalía e ingresos que genera dicha zona, les permite subsistir y ser autónomos”, detallan en una publicación reciente en Facebook, acompañada de imágenes de una reunión donde se discuten los procedimientos legales.

Este esfuerzo no es nuevo, ya que inquietudes similares han persistido durante décadas en la región. Sin embargo, críticos de la propuesta argumentan que la división no resolvería los problemas subyacentes y podría generar más complicaciones financieras.

En una respuesta exclusiva proporcionada por el diputado Adán Casas, representante del distrito 12, se expresa oposición a la idea. Casas señala que ha observado intentos similares desde hace unos 20 años, incluso extendiéndose a áreas como un ejido en el municipio de Santiago, y menciona que localidades como La Cantera también buscan separarse, lo que podría llevar a un total de 23 municipios en el estado.

“Yo creo que no es viable. Le costaría mucha lana al estado, perjudicarían recurso, habría menos obras para el municipio, porque el presupuesto es el mismo”, afirmó el diputado, quien ha sido la única voz institucional en tomar en serio este evento como para responder.

Explicó que la creación de un nuevo ayuntamiento implicaría costos elevados, como una nómina mensual de entre dos y tres millones de pesos solo para regidores, síndicos, presidentes municipales y equipo de confianza, además de gastos en edificios, vehículos y mantenimiento.

“No porque se crea otro municipio, que la federación va a mandar más dinero, no. Es el mismo dinero y sería pagar una nómina”, agregó, enfatizando que el presupuesto actual de Compostela se dividiría, resultando en menos recursos para obras públicas.

Ante las inconformidades expresadas por los pobladores, como la falta de atención por parte de las autoridades actuales, Casas propone alternativas no divisorias: “ahí pueden exigir, yo creo que son otras las maneras. No resuelve nada la división. Yo creo que es un tema social, que tienen que tener un acercamiento con el presidente y los regidores. Y bueno, pues que se le pida que sea más dinámico y más cercano al pueblo”. El diputado concluyó que el proceso sería “muy tardadísimo” y no abordaría las raíces del descontento.

Por otro lado, publicaciones en redes sociales cuestionan la viabilidad de la separación y critican administraciones pasadas. Un post, por ejemplo, menciona más que municipios como San Pedro Lagunillas y Bahía de Banderas ya se separaron en el pasado sin resolver problemas similares, y califica a la administraciones de exalcaldesas como Gloria Núñez y La Romina Chang como “las peores administraciones y más ratas que han existido”. El autor del post duda de que dividir el territorio, sin incluir tanto la zona baja (costera) como la alta (cabecera municipal), garantice una mejor atención a las demandas locales.

Este debate resalta las tensiones entre el desarrollo turístico de la costa de Compostela, que genera significativos ingresos para Nayarit, y los desafíos administrativos del estado. Hasta el momento, no se han reportado avances formales en el Congreso local, pero los promotores continúan con los trámites jurídicos. Se espera que el tema genere más discusiones en los próximos meses, involucrando a autoridades estatales y federales para evaluar su factibilidad.