Legisladores federales ARREMETEN contra acciones de Navarro Quintero por playa Cocinas
La defensa de Playa Las Cocinas dejó de ser un conflicto comunitario para convertirse en un frente político nacional contra el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero. Este martes, dos legisladores federales de la Cuarta Transformación que representan a Nayarit —la diputada federal de Morena Andrea Navarro y el senador Pavel Jarero—, además del diputado federal petista Jorge Armando “Fugio” Ortiz y la senadora panista Ivideliza Reyes, alzaron la voz contra la represión de manifestantes en Punta de Mita, donde pobladores denuncian la privatización de facto de una playa pública, afectaciones ambientales y falta de transparencia en las obras vinculadas al desarrollo turístico Montage.
La detención de tres manifestantes terminó por elevar el tono del conflicto hasta el Congreso de la Unión y abrió un nuevo escenario: el gobernador parece estar quedándose sin aliados, incluso dentro de su propio movimiento.
La diputada federal morenista Andrea Navarro fue una de las voces más duras. Desde la Cámara de Diputados denunció “el ecocidio que se está llevando a cabo en Playa Las Cocinas”, en el municipio de Bahía de Banderas, y señaló directamente a la empresa Cantiles de Mita, S.A. de C.V., filial de Grupo DINE, por ejecutar obras de gran escala en la zona federal marítimo terrestre.
Según su declaración, se estarían colocando “toneladas de rocas sueltas tipo escollera con maquinaria pesada” sin contar con manifestación de impacto ambiental. Pero el señalamiento más grave fue político: acusó que cuando los pobladores salieron a defender el libre tránsito en las playas, “han sido reprimidos por mandato del gobernador del estado de Nayarit”, a quien reprochó estigmatizar y criminalizar la protesta social.
Navarro también pidió intervención federal. “Exijo desde esta curul que las autoridades federales vayan y hagan una visita en la zona y hagan que se respete la seguridad y la soberanía de nuestra patria”, dijo, al exigir la liberación de Antonio Benavides de la Cruz, Fabricio Yáñez Fonseca y Sandra Cano Navarro, los tres manifestantes detenidos durante el operativo estatal. Su postura es políticamente significativa porque no proviene de la oposición, sino de una diputada federal de Morena por Nayarit, es decir, del mismo bloque partidista que llevó al poder al gobernador Navarro Quintero.
A la exigencia se sumó el diputado federal del PT, Jorge Armando “Fugio” Ortiz Rodríguez, quien desde su curul expresó solidaridad con los habitantes de Bahía de Banderas que se manifiestan “en ejercicio de sus derechos constitucionales” en defensa de Playa Las Cocinas.
Ortiz fue más allá y pidió directamente la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Hago un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga en este tema y se instale una mesa de diálogo que sea presidida directamente por la titular de Semarnat, por la titular de Profepa, por la titular de Gobernación y por los representantes populares de Nayarit”. Su frase final sintetizó el reclamo que ya empieza a rebasar al gobierno estatal: “Playas libres, sí; represión, no”.
Desde el Senado, la panista Ivideliza Reyes también condenó la actuación del gobierno nayarita. La senadora señaló que pobladores de Punta de Mita emprendieron una manifestación pacífica para defender el libre acceso a Playa Cocinas, amenazado —según dijo— por una desarrolladora turística que opera con “la complacencia de los diferentes órdenes de gobierno”.
Reyes acusó que la empresa ha restringido el acceso a los habitantes “quizás para evitar que se documente el abuso y la afectación al ecosistema”, y sostuvo que las fuerzas estatales “acaban de reprimir” a los manifestantes. “Hoy se está utilizando la fuerza como primera respuesta en lugar del diálogo”, advirtió, al pedir la liberación inmediata de los tres detenidos.
El caso también encendió alertas dentro de Morena en Nayarit. El senador Pavel Jarero, representante de ese estado, ya había advertido públicamente sobre presuntas afectaciones en Playa Las Cocinas, el bloqueo al acceso público y la necesidad de frenar abusos de desarrollos turísticos en Bahía de Banderas.
Medios locales reportaron que Jarero llamó a la intervención de autoridades federales, estatales y municipales para evitar que el conflicto escalara. La postura del senador confirma que el reclamo ya no puede reducirse a una protesta local ni a un asunto de “orden público”, como ha querido presentarlo el gobierno estatal.
En el Congreso local de Nayarit, el desgaste político también alcanzó a la bancada de Morena. Legisladores locales de Morena y PT se pronunciaron por el respeto a la libre manifestación y por playas libres en el caso Playa Las Cocinas, según publicaciones públicas difundidas por representantes y medios locales.
Entre esas voces se ubican la diputada local Carmina Regalado y la diputada local Gwendolyn Madrid, quienes también pidieron atención institucional al conflicto y rechazaron la criminalización de la defensa de las playas. En el caso de Madrid, su posicionamiento público sostuvo que las playas son un derecho del pueblo y que lo ocurrido en Las Cocinas era inaceptable.
La crisis se agravó porque, de acuerdo con reportes locales, la liberación de los detenidos habría sido condicionada al levantamiento del bloqueo carretero que mantenían los pobladores para exigir transparencia sobre las obras. De confirmarse esa versión, el gobierno de Nayarit no sólo enfrentaría cuestionamientos por el uso de la fuerza pública, sino por convertir la detención de manifestantes en una moneda de presión política para desactivar una protesta social.
Ese punto resulta especialmente delicado porque el reclamo ciudadano no era abstracto: pedía claridad sobre permisos, impacto ambiental, libre acceso a la zona federal marítimo terrestre y revisión de las obras en una playa que los habitantes consideran parte de su vida comunitaria.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero enfrenta ahora un problema mayor al bloqueo. Lo que empezó como una inconformidad de pobladores de Punta de Mita terminó alineando, en una misma crítica, a legisladores federales de Morena, PT y PAN, además de voces locales de la bancada morenista en el Congreso de Nayarit.
La imagen política es clara: mientras el gobierno estatal responde con policías, detenciones y descalificaciones, representantes de distintos partidos —incluidos los de la propia 4T— piden diálogo, intervención federal y revisión ambiental.
El caso Playa Cocinas se ha convertido así en una prueba política para Navarro Quintero. Si la federación atiende los llamados de Andrea Navarro, Fugio Ortiz, Pavel Jarero, Carmina Regalado, Gwendolyn Madrid e Ivideliza Reyes, el gobernador quedará exhibido como una autoridad que no supo procesar una protesta legítima sin recurrir a la fuerza. Y si no rectifica, el costo puede ser todavía mayor: quedar aislado dentro de su propio movimiento, señalado por legisladores de Nayarit y obligado a explicar por qué una comunidad que pedía playas libres terminó tratada como amenaza.
