“DIFICIL”, mediar entre pobladores y socios de proyecto en Cocinas: GOBERNADOR

El conflicto por Playa Las Cocinas entró en una fase más delicada luego de que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, reconociera que las negociaciones entre pobladores, autoridades y empresarios se han vuelto difíciles, particularmente por la exigencia ciudadana de dejar 20 metros libres frente al mar, mientras que la primera propuesta empresarial había sido de apenas cinco metros y después habría subido a diez.

En declaraciones públicas, el mandatario estatal admitió que se trata de “situaciones difíciles de manejar”, porque —según su planteamiento— debe buscarse una armonía entre “el derecho social” y “las garantías que puede tener el sector económico para invertir”. La frase marca el tono del momento: el gobierno intenta sostener una mesa de diálogo, pero la comunidad ya no discute solo un acceso simbólico, sino una franja real de playa que permita el uso público, libre y digno de Las Cocinas.

Navarro Quintero explicó que en una primera negociación, en la que él mismo estuvo presente, se habló de dejar cinco metros. Sin embargo, después —según narró— recibió una llamada de uno de los accionistas del proyecto. Ahí soltó un dato de alto peso político y empresarial: “Hay dos, entre otros, el señor Senderos y el ingeniero Slim”, dijo, al referirse a los inversionistas relacionados con el desarrollo. De acuerdo con el gobernador, tras las reflexiones hechas con ellos, le informaron que “iban a jalar la construcción, no cinco, sino diez”.

El problema es que la comunidad ya elevó su exigencia. “Hubo una reunión interna de la comunidad donde hoy solicitan veinte”, reconoció el gobernador. Es decir, el propio mandatario confirmó que los 20 metros ya están formalmente sobre la mesa como demanda social, aunque también dejó ver que para el gobierno esa petición complica el equilibrio con el proyecto privado. En términos políticos, la declaración es relevante: no se trata de una exigencia inventada ni marginal, sino de una postura comunitaria que el Ejecutivo estatal ya conoce y que ahora debe procesar frente a empresarios de enorme peso económico.

El nombre de Carlos Slim vuelve todavía más sensible el caso. Aunque la participación específica del empresario en el proyecto debe ser documentada con precisión por las autoridades y los propios desarrolladores, fue el gobernador quien lo mencionó como uno de los accionistas. A eso se suma que Slim ha sido visto recientemente en Nayarit: en mayo de 2025 fue reportada su visita con familiares a un restaurante de Compostela, y en octubre de ese mismo año se informó de una reunión con Navarro Quintero para hablar sobre perspectivas económicas de la región. No prueba por sí solo una relación directa con Las Cocinas, pero sí coloca el conflicto dentro de un contexto donde turismo, inversión y poder económico se cruzan de manera inevitable.

El caso ya no es local ni menor. La Secretaría de Gobernación informó que se encauza el diálogo institucional para garantizar el acceso público a Playa Las Cocinas, ubicada en Zona Federal Marítimo Terrestre, y anunció mesas para atender planteamientos de la comunidad, revisar los trabajos y dar seguimiento a evaluaciones técnicas y ambientales. Ese posicionamiento federal confirma que el conflicto rebasó al municipio y al estado, y que el acceso público a la playa será un eje central de cualquier salida.

La tensión creció porque los pobladores han denunciado una posible privatización del espacio y afectaciones ambientales, mientras medios nacionales han documentado que la obra de la desarrolladora Dine en Punta de Mita detonó protestas por su cercanía al mar y por el reclamo de libre acceso a la playa. También se ha señalado que las obras se ubican en un punto sensible de la ZOFEMAT, con antecedentes de discusión ambiental y social.

Navarro intentó enviar un mensaje de contención y pidió “reflexión”, pero su declaración también mostró el límite político de la negociación: si la inversión amenaza con irse, el gobierno teme el costo económico; si se impone una solución corta, de cinco o diez metros, el costo social puede ser mayor. “Poniéndonos de acuerdo lo podemos evitar, de que la inversión vaya a tener alas, como ha tenido en otros lugares, y se vaya”, dijo el gobernador, en una frase que puede leerse como advertencia económica, pero también como presión indirecta sobre una comunidad que defiende su playa.

El fondo del asunto es que Las Cocinas ya no se resuelve con discursos de conciliación. Si el gobernador reconoce que la comunidad pide 20 metros, si Gobernación y Semarnat ya están enteradas, y si entre los accionistas aparece el nombre de uno de los empresarios más poderosos de México, entonces la salida tendrá que ser transparente, legal y verificable. La pregunta ya no es solo cuánto aceptará mover la empresa, sino si el Estado actuará como mediador real entre el interés privado y el derecho social, o si terminará administrando una concesión mínima para apagar una protesta que, por ahora, sigue viva.