Empiezan proyecto en San Pancho y temen otro playa Cocinas

 La comunidad de San Francisco, mejor conocido como San Pancho, en Bahía de Banderas, observa con preocupación la reactivación de obras vinculadas a un desarrollo turístico en la zona de Playa El Atracadero, ante el temor de que se repita un conflicto similar al de Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, donde habitantes y activistas han denunciado riesgos de privatización, restricciones al acceso público y afectaciones a la zona federal marítimo terrestre.

De acuerdo con versiones expuestas por habitantes, colectivos y legisladores que han dado seguimiento al tema, la inquietud no nace de una oposición automática a la inversión privada, sino de la falta de claridad sobre el alcance real del proyecto, los permisos otorgados, los posibles impactos ambientales y, sobre todo, las garantías de que no se limitará el paso libre hacia la playa.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate a las autoridades municipales, estatales y federales, pues la experiencia reciente en Playa Las Cocinas dejó una advertencia clara para las comunidades costeras: cuando una obra avanza sin información suficiente, sin socialización con los habitantes y sin vigilancia estricta sobre la zona federal, el conflicto social puede escalar rápidamente.

En San Pancho, vecinos y defensores del litoral piden que se informe públicamente qué tipo de desarrollo se pretende construir en El Atracadero, bajo qué licencias opera, qué autorizaciones ambientales tiene, qué superficies abarca y cómo se garantizará el acceso libre al mar. También solicitan que se transparente si existen permisos municipales, resolutivos ambientales, concesiones o autorizaciones relacionadas con la Zona Federal Marítimo Terrestre.

La preocupación se agrava porque, según lo señalado en notas recientes sobre el tema, San Pancho ya cuenta con antecedentes de revisión y clausura de obras por parte de la Profepa en años anteriores, derivado de irregularidades relacionadas con el uso de la zona federal. Para la comunidad, ese historial obliga a que cualquier nuevo proyecto sea revisado con mayor rigor y no bajo la lógica de “primero construir y después aclarar”.

Habitantes de Bahía de Banderas han advertido que comunidades como San Pancho, Sayulita y Punta de Mita enfrentan una presión inmobiliaria constante. En ese contexto, cada nueva licencia, permiso o autorización municipal se convierte en un punto sensible, especialmente cuando existen dudas sobre posibles invasiones al litoral, bloqueos de caminos, restricciones de paso o afectaciones ecológicas.

El temor principal es que Playa El Atracadero termine convertida en otro símbolo de disputa pública, como ocurrió con Playa Las Cocinas, donde la demanda ciudadana se mantiene vigente en torno al respeto de los 20 metros de zona federal y la obligación de preservar el acceso libre a las playas. Para los habitantes, el crecimiento turístico no debe traducirse en pérdida de derechos colectivos ni en obras que terminen cerrando, de forma directa o indirecta, el paso al mar.

La exigencia ciudadana también apunta al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, encabezado por Héctor Santana, para que no limite su postura a señalar que la zona federal es competencia de instancias federales. Aunque la vigilancia de la ZOFEMAT corresponde a autoridades federales, el municipio sí tiene responsabilidad en materia de usos de suelo, licencias de construcción, compatibilidad urbana y coordinación institucional para evitar conflictos.

En ese sentido, los vecinos piden que el municipio actúe antes de que el problema crezca: que revise con lupa los permisos, que informe qué autorizó y qué no, que coordine acciones con Semarnat y Profepa, y que abra espacios de diálogo con la comunidad. La falta de información, advierten, solo alimenta sospechas y puede generar una nueva crisis social en la costa nayarita.

La petición central es transparencia y socialización. Los habitantes quieren conocer el proyecto antes de que avance más, saber si cumple con la ley, si respeta el ambiente, si garantiza accesos públicos y si no representa una amenaza para el equilibrio ecológico de la zona. En una región donde el valor turístico del territorio crece cada año, la comunidad insiste en que el desarrollo debe realizarse con legalidad, vigilancia ambiental y respeto al derecho común.

El mensaje de fondo es claro: San Pancho no quiere convertirse en otro Playa Las Cocinas. La comunidad no rechaza el desarrollo, pero exige que no haya privatización disfrazada, obras opacas ni ecocidios silenciosos frente al mar. Para evitar un nuevo escándalo, las autoridades deberán demostrar con documentos, inspecciones y diálogo público que el proyecto en El Atracadero no afectará el acceso libre ni el patrimonio natural de Bahía de Banderas.