Ofrecen 5 metros de playa y acceso al agua a cambio de obra
El conflicto por las obras del desarrollo Montage Pendry en Playa Cocinas entró en una nueva fase luego de que se difundiera un comunicado de “avance de acuerdos” entre ciudadanos, autoridades y el grupo DINE-Montage de Pendry, en el que la empresa plantea modificar el proyecto para “reajustarlo” cinco metros hacia adentro del desarrollo, respecto al enrocamiento construido frente al mar. Sin embargo, para habitantes y defensores de la playa pública, la propuesta no resuelve el fondo del problema: la exigencia de conservar una franja libre, transitable y suficiente de playa, no una reducción negociada alrededor de un muro de piedra.
De acuerdo con el documento que circula entre los propios manifestantes, la empresa se comprometió a elaborar dos renders para socializar con la comunidad una modificación al proyecto, consistente en remover y reajustar cinco metros hacia adentro el enrocamiento. La propuesta será presentada la siguiente semana, en fecha aún por confirmar, para que el pueblo pueda analizarla y, en su caso, aprobarla o rechazarla. El punto es relevante porque las imágenes tomadas en la zona muestran maquinaria pesada, acumulación de rocas, taludes, telas de protección y una intervención directa sobre el borde costero, donde antes existía una playa más amplia.
El problema es que esos cinco metros ofrecidos no equivalen necesariamente a garantizar la franja de Zona Federal Marítimo Terrestre que la ley reconoce como una faja de veinte metros de tierra firme, transitable y contigua a la playa, conforme a la explicación oficial de Profepa y al artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales. Además, la legislación establece que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal contigua no debe ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado. Es decir, no se trata solamente de dejar “un paso”, sino de respetar el uso público de una zona federal que no puede quedar subordinada al diseño de un desarrollo privado.
En las imágenes difundidas por pobladores se observa una línea de playa reducida frente al área intervenida, mientras el enrocamiento y la obra avanzan desde el predio hacia el litoral. También se aprecia una delimitación marcada sobre la arena y una muralla de rocas que, aun recorrida cinco metros hacia atrás, dejaría abierta la duda central: si el espacio resultante realmente permitirá los veinte metros libres, transitables y funcionales que exige el régimen federal, o si únicamente se estaría maquillando la invasión visual y física de la zona costera.
El comunicado también incluye otros compromisos: que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas presentará un proyecto de rehabilitación y la empresa se comprometerá a generar un acceso digno a Playa Las Cocinas; que iniciará un proceso de rehabilitación del pozo de agua de Fonatur; que se hará un estudio para señalar un nuevo punto en menos de un mes; que se planteará un proyecto de “tierras ganadas al mar”; que habrá visita de autoridades estatales y municipales para revisar una cancha deportiva; y que el Comité Participativo Punta Mitense pide amojonar el límite de la zona federal colindante con el mar.
No obstante, uno de los puntos más delicados es que el acceso al agua aparece dentro de la negociación social, como si la rehabilitación del pozo pudiera operar como compensación frente a la inconformidad por la playa. Para varios pobladores, ese planteamiento resulta cuestionable: el agua es un derecho humano y un servicio básico, no una moneda de cambio para aceptar una obra privada en el litoral. La rehabilitación de un pozo o de infraestructura comunitaria puede ser necesaria, pero no debería sustituir la obligación legal de respetar la playa pública y la zona federal.
Tras varios días de presión, bloqueos, detenciones y liberación de manifestantes, una parte de la comunidad decidió levantar momentáneamente las acciones de protesta y esperar la presentación formal de los acuerdos. Sin embargo, grupos vecinales ya convocaron a una junta general en la plaza pública de Punta de Mita para este jueves a las 7:30 de la noche, con el objetivo de informar al pueblo sobre las propuestas de los desarrolladores y decidir el siguiente paso. El mensaje que circula entre pobladores resume el ánimo de desconfianza: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.
El fondo del conflicto, por tanto, sigue intacto. La discusión no es si DINE-Montage recorre cinco metros una muralla de rocas, si presenta renders más amables o si ofrece obras complementarias al pueblo. La pregunta es si el desarrollo puede demostrar, con permisos, mediciones oficiales y verificación federal, que no invade ni reduce la Zona Federal Marítimo Terrestre, que no condiciona el acceso a Playa Cocinas y que no transforma una playa pública en un corredor residual al servicio de un proyecto privado. Hasta que eso no quede claro, la propuesta de cinco metros difícilmente cerrará una crisis que ya escaló de la inconformidad comunitaria a una exigencia de legalidad.
