La pasividad de los regidores en el Cabildo de Santana
El cuerpo de regidores de Bahía de Banderas se encuentra sumido en un severo cuestionamiento público que pone en entredicho la eficacia de la representación ciudadana frente a sus onerosos ingresos. Según reportes, cada edil percibe una remuneración mensual que supera los 100 mil pesos, una cifra “millonaria” que incluye sueldos, compensaciones y una bolsa de gestión social, cuyo destino real para beneficio de las comunidades es un punto de gran controversia.
Este desequilibrio entre el alto costo para el erario y el cuestionable rendimiento ha generado un profundo descontento en la ciudadanía, que siente que sus representantes están más enfocados en sus bolsillos que en el beneficio popular.
Las funciones de estos servidores públicos, tal como las mandata la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, son esenciales y no deben confundirse con el activismo social superficial. El deber primario de un regidor es el de fiscalizar y legislar: deben asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento, participar activamente en las discusiones, suplir al presidente municipal en caso de necesidad, vigilar los sectores administrativos específicos que les son asignados (garantizando eficiencia y legalidad), participar en comisiones vitales como la de Finanzas, y promover la transparencia y la participación ciudadana.
No obstante, la realidad que se percibe en Bahía de Banderas choca de frente con estos deberes. En lugar de dedicarse a la vigilancia administrativa o a la creación de políticas públicas, algunos regidores parecen haber reorientado su energía hacia el posicionamiento digital.
Sus plataformas en redes sociales se han convertido en vitrinas donde se exhiben actividades simbólicas, como la entrega de flores o la presencia en actos luctuosos, que poco o nada tienen que ver con el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales. Esta constante búsqueda de la imagen de “influencer” genera una enorme frustración entre los habitantes, quienes consideran que sus representantes están tomando su cargo con ligereza y frivolidad.
La crisis de representación es clara: mientras el pueblo demanda seriedad y trabajo duro para mejorar la comunidad, los regidores son percibidos como perseguidores de fama y fortuna personal. Esta dinámica de priorizar el espectáculo mediático sobre la función legal erosiona la confianza en la gestión municipal.
Es imperativo que los regidores de Bahía de Banderas reconsideren su actuar y se enfoquen en cumplir con sus obligaciones legales y éticas.
La ciudadanía de Bahía de Banderas merece un cuerpo edilicio que demuestre que el alto costo de sus salarios se traduce en vigilancia efectiva, legislación responsable y transparencia absoluta, y no en gastos que benefician únicamente su imagen personal y aspiraciones políticas futuras.
