CLAUSURAN obra tras destruir más de 8 mil metros de selva en Sayulita
Una vez más, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anuncia una clausura por actividades ilegales cuando el daño ambiental ya está hecho. Ahora ocurrió en el Ejido Sayulita, en Bahía de Banderas, donde un banco clandestino de extracción de material pétreo provocó la destrucción de aproximadamente 8 mil metros cuadrados de vegetación nativa.
La dependencia federal colocó los sellos después de que se realizaron cortes de terreno y se eliminó la cobertura vegetal de una superficie equivalente a casi una hectárea de selva.
La intervención se produjo a raíz de una denuncia ciudadana. Durante una inspección realizada el 4 de noviembre, los funcionarios constataron que se extraían materiales pétreos sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo forestal. La Profepa ordenó una clausura total temporal e inició un procedimiento administrativo, pero no ha explicado públicamente cuánto tiempo operó el banco clandestino ni por qué la actividad no fue detectada antes de alcanzar semejante nivel de afectación.
El episodio vuelve a poner en entredicho la eficacia de la vigilancia ambiental federal. Porque colocar sellos cuando la selva ya desapareció puede detener la extracción, pero no devuelve los árboles, no restituye inmediatamente el suelo y tampoco garantiza que los responsables reparen el daño. La obligación de proteger el medio ambiente no debería comenzar cuando termina su destrucción.
Y el antecedente más escandaloso de esta actuación tardía se encuentra a unos kilómetros, en Punta Paraíso, el complejo inmobiliario de San Pancho que terminó parcialmente derrumbado por la erosión del mar, después de años de controversias por la ocupación irregular de terrenos costeros.
Lo verdaderamente grave de aquel caso es que las irregularidades no eran desconocidas: desde 2017 existían inspecciones y medidas correctivas de la Profepa. Posteriormente, una inspección iniciada en 2021 documentó la ocupación ilegal de mil 466 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, lo que derivó en sanciones y una orden de restitución mediante demolición, emitidas en agosto de 2022.
Sin embargo, entre procedimientos administrativos, recursos legales y años de litigio, el complejo permaneció frente al mar. No fue sino hasta el 7 de octubre de 2026 cuando un tribunal colegiado negó el amparo de la empresa Pacific Lifestyle Properties y confirmó las sanciones.
Apenas dos semanas después, el 21 de octubre, el fuerte oleaje y la erosión costera provocaron un colapso parcial del inmueble, mientras otras estructuras presentaban inclinaciones y daños graves. La naturaleza terminó exhibiendo las consecuencias de un conflicto que las instituciones no habían conseguido resolver materialmente.
Hoy la Profepa participa en la supervisión de los trabajos para demoler la torre afectada y recuperar la playa de San Pancho. Pero la pregunta resulta incómoda: ¿de qué sirvieron tantos años de expedientes, inspecciones y resoluciones si la recuperación de la zona llegó hasta que el edificio comenzó a caer sobre ella? No significa que la dependencia permaneciera completamente inactiva, sino que sus actuaciones y el prolongado proceso judicial no consiguieron una solución oportuna.
La lista continúa. En octubre, la Profepa clausuró obras irregulares en Playa Patzcuarito, también en Sayulita, donde ya se habían ejecutado terrazas, muros y modificaciones del terreno sobre aproximadamente mil 800 metros cuadrados de ecosistema costero. Meses antes, Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, protagonizó otro escándalo por obras de enrocamiento y contención que la Semarnat identificó como irregulares cuando ya estaban construidas. En julio, la dependencia federal revocó la concesión correspondiente por incumplimientos relacionados con obras no autorizadas.
De Punta Paraíso a Las Cocinas, de Patzcuarito al banco clandestino del Ejido Sayulita, cambian los responsables y las características de cada expediente, pero se repite una preocupante realidad: las intervenciones más visibles de las autoridades ambientales ocurren cuando las construcciones están levantadas, los terrenos transformados o los ecosistemas afectados.
En el nuevo caso de Sayulita, además de clausurar, la Profepa debe esclarecer quién explotaba el banco de materiales, desde cuándo lo hacía, qué volumen fue extraído y cuáles serán las medidas concretas de restauración. También corresponde explicar qué mecanismos de vigilancia preventiva existen en una región donde las denuncias por ocupación de playas, alteraciones del suelo y obras irregulares se han vuelto recurrentes.
La dependencia federal tiene la obligación de actuar frente a las infracciones, y las clausuras son necesarias. Pero el éxito de la protección ambiental no debería medirse únicamente por el número de sellos colocados ni por la cantidad de comunicados difundidos. Debe medirse, sobre todo, por los daños que se consiguen evitar.
Porque mientras la Profepa siga anunciando sus intervenciones después de que desaparecen las selvas, se alteran las playas o los edificios comienzan a desplomarse sobre el mar, cada nueva clausura será también el recordatorio de una protección ambiental que no llegó a tiempo.
