Detecta Auditoría hasta 16 observaciones sobre Ayuntamiento de Bahía: desde fraude hasta falsificación
El Informe Ciudadano de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), expone a Bahía de Banderas como uno de los municipios líderes en irregularidades y gastos no comprobados en su último ejercicio presupuestal, al sumar 16 observaciones en gastos o ejercicios con falta de transparencia, por un total de 81 millones 107 mil quinientos 64 pesos, cuyas fechas para justificar ya están a ras de vencer, por lo que vendrían sanciones administrativas en contra de quienes resulten responsables.
Por ejemplo, el informe acota sobre el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Bahía de Banderas (OROMAPAS) diversas observaciones relacionadas con las irregularidades en la obra pública que ejerce.
En primer lugar, se identifica un conflicto de interés debido a la relación familiar entre las empresas que participaron en un mismo acto de contratación por un monto de $1,360,204.11. Esta situación pone en entredicho la transparencia y equidad en el proceso de contratación.
Además, se detectaron conceptos de obra pagados pero no ejecutados, lo cual representa un monto de $14,875.00. Esto implica un mal uso de los recursos públicos y una falta de supervisión adecuada por parte del OROMAPAS.
Asimismo, se encontraron pagos por materiales que no fueron suministrados, lo que representa un monto de $745,996.00. Esta situación indica una posible irregularidad en los procesos de adquisición y un perjuicio económico para el erario del mismo ente.
Otra observación se refiere a empresas que no lograron comprobar los costos Indirectos por un monto de $517,893.60. Esto sugiere una falta de documentación adecuada y una falta de control en la contratación de proveedores, dando lugar a la sospecha por compadrazgos o adjudicaciones a modo.
Adicionalmente, se identificó un arrendamiento irregular de maquinaria por un monto de $1,457,350.30. Esta situación indica una posible falta de transparencia en los procesos de adquisición y un mal uso de los recursos públicos para beneficio de un privado por razones no identificadas, pero sospechosas.
El informe también menciona que una empresa fue invitada a participar en actos de contratación sin estar registrada en el Padrón de Contratistas. Esto indica una falta de control en los procesos de selección y una posible omisión de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica el Ayuntamiento.
Asímismo se señala un incumplimiento de contrato por parte de una empresa encargada del suministro de hipoclorito, lo cual generó un sobrecosto adicional de $279,270.00 para el OROMAPAS. Pero hasta el momento, no se le sancionó ni se ha acreditado la recisión del contrato por incumplimiento o hecho efectiva la garantía de cumplimiento del contrato ante la afianzadora.
Estas observaciones revelan diversas irregularidades y deficiencias en la gestión de la obra pública por parte del OROMAPAS. Es necesario tomar las medidas correspondientes para corregir estas situaciones y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Por otro lado, el propio Ayuntamiento sigue siendo origen de más irregularidades puntualizadas en el informe. Pues este documento de la ASEN también expuso una serie de anomalías en el desempeño del gobierno municipal, como la falsificación de la Opinión 32-D del IMSS, el arrendamiento irregular de maquinaria, un conflicto de interés entre empresas y el mal uso de recursos destinados a la infraestructura social.
La falsificación de la Opinión 32-D del IMSS ha generado gran preocupación, ya que se ha utilizado para aparentar que la empresa cumplía con todas sus obligaciones del seguro social al momento de celebrar un contrato. Esta práctica fraudulenta pone en riesgo los derechos y la seguridad social de los trabajadores involucrados y rompe con todos los esquemas de convenio federal para las garantías laborales del ciudadano.
Otra irregularidad destacada es el arrendamiento irregular de maquinaria, que asciende a la suma de $3,052,641.52. Este enorme gasto no justificado levanta sospechas de posibles actos de corrupción y malversación de fondos públicos.
Además, se ha descubierto un conflicto de interés entre dos empresas que guardan una relación de negocios y que participaron en un mismo proceso de adjudicación, por un monto de $5,318.016.15. Esta situación pone en duda la transparencia y la imparcialidad en los procesos de contratación del gobierno municipal hacia sus proyectos.
El informe también señala el mal desempeño de las autoridades en la gestión de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Estos recursos, destinados a beneficiar a poblaciones en pobreza extrema y a localidades con alto nivel de rezago social, no han sido utilizados de manera adecuada para cumplir con su propósito original.
También salta a la luz el incumplimiento en la implementación de la Ley de Archivo, que refleja una falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno Municipal. El acceso a la información pública y la garantía de transparencia son fundamentales para la democracia y la confianza ciudadana.
Por último, se destaca la no integración e instalación del Consejo Ciudadano de la Comisión Municipal de Derechos Humanos. Esta omisión demuestra una falta de compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos en el municipio.
Ante estas revelaciones, es fundamental que las autoridades competentes tomen acciones inmediatas para investigar y sancionar cualquier acto de corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública. La ciudadanía merece un gobierno honesto y responsable, que trabaje en beneficio de todos y cumpla con sus obligaciones legales y éticas.
