FIRMAS para defender playa Cocinas SUPERAN a población total de BADEBA

La defensa de Playa Las Cocinas dejó de ser un reclamo únicamente local y se convirtió en una causa nacional. La petición alojada en Change.org bajo el título “ALTO al proyecto que busca privatizar Playa Las Cocinas, Nayarit” ya registra, según la captura compartida este viernes, 212 mil 352 firmas verificadas, una cifra que rebasa por amplio margen la población total del municipio de Bahía de Banderas.

El dato no es menor. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Bahía de Banderas tenía 187 mil 632 habitantes, según los registros oficiales de INEGI y Data México. Es decir, la petición ya suma alrededor de 24 mil 720 apoyos más que el total de habitantes censados en el municipio donde se ubica Punta de Mita.

La comparación dimensiona el tamaño político, social y ambiental que ha tomado el caso. Lo que inició como una protesta de habitantes, pescadores, prestadores de servicios y defensores del acceso público a la playa, ahora circula como una exigencia masiva que rebasa las fronteras de Nayarit y coloca a Playa Las Cocinas en una conversación nacional sobre la privatización de playas, el modelo turístico y la obligación de las autoridades federales de hacer cumplir la ley.

La causa ha crecido también porque firmar una petición en Change.org no es solamente presionar un botón anónimo. La propia plataforma establece que para crear una cuenta o apoyar una petición se requiere nombre, correo electrónico y contraseña; además, para respaldar una causa se pide una ubicación, que puede ser código postal y ciudad o localidad, sin necesidad de proporcionar domicilio completo. Cuando una persona firma sin iniciar sesión, Change.org señala que debe confirmar su firma por correo electrónico para que sea contabilizada y evitar apoyos fraudulentos.

La petición sostiene que Playa Las Cocinas es una de las últimas playas no privatizadas de Punta de Mita y advierte que el proyecto en la zona amenaza el libre acceso, el entorno natural y el ecosistema costero. En la descripción difundida por los promoventes se plantea que las playas son bienes nacionales y que no debe permitirse que estructuras, obras o desarrollos terminen reduciendo el espacio real de disfrute público.

El contexto legal es clave. La Zona Federal Marítimo Terrestre, conocida como ZOFEMAT, es definida por PROFEPA como una franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Además, la Ley General de Bienes Nacionales establece que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal contigua no puede ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos previstos por el reglamento.

Sin embargo, en Playa Las Cocinas el reclamo ciudadano apunta precisamente a lo contrario: que la obra del muro o escollera de roca ya prácticamente terminó y dejó un espacio de playa muy inferior al esperado para el uso común. Vecinos y defensores han denunciado que en algunos tramos quedaron menos de cinco metros, incluso menos, para que las personas puedan caminar, descansar o disfrutar la playa, lo que en los hechos reduce el acceso público aunque formalmente se diga que la playa sigue siendo de todos.

El caso escaló desde finales de abril, cuando se intensificaron las protestas contra las obras vinculadas al desarrollo turístico de lujo en Punta de Mita. De acuerdo con reportes nacionales, manifestantes señalaron que maquinaria trabajaba a unos metros del mar y que la escollera no respetaba la franja de 20 metros que la ley reconoce como zona federal. El País documentó que Grupo Dine, responsable de las obras, ha sostenido que la concesión de ZOFEMAT “no es propiedad” y que la playa seguirá siendo pública; pero también reportó que la escollera terminó de construirse en parte de esa zona y que la inconformidad ciudadana continuó.

Mientras tanto, las acciones federales siguen siendo el punto de espera. La exigencia de los firmantes y de los defensores de Playa Las Cocinas es que SEMARNAT y PROFEPA revisen a fondo permisos, concesiones, impacto ambiental, delimitación de ZOFEMAT y condiciones reales de acceso. La petición en línea pide frenar el proyecto, revisar con transparencia los permisos ambientales y garantizar que las intervenciones no obstaculicen el paso libre ni destruyan el hábitat costero.

El antecedente más cercano y potente está en Mahahual, Quintana Roo. Ahí, el proyecto “Perfect Day Mexico” de Royal Caribbean terminó frenado después de una ola de presión ambiental, comunitaria y digital. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, declaró que el proyecto no sería aprobado, mientras Reuters reportó que la oposición pública creció de manera intensa y que una petición en Change.org contra el desarrollo superó los 4 millones de firmas.

Ese precedente pesa porque demuestra que una petición digital, por sí sola, no cancela automáticamente una obra, pero sí puede convertirse en un instrumento de presión pública cuando se combina con denuncias, cobertura mediática, movilización social, argumentos legales y revisión federal. En Mahahual, la presión ciudadana terminó empujando el caso hasta la agenda nacional; en Playa Las Cocinas, la cifra de más de 212 mil firmas empieza a colocarlo en una ruta parecida, aunque todavía con una diferencia importante: aquí la obra de roca ya está terminada o prácticamente concluida, y la pregunta ahora es si las autoridades federales corregirán, sancionarán, modificarán o permitirán que el resultado permanezca.

Por eso, el caso de Las Cocinas entra en una fase decisiva. La inconformidad ya no se mide solo por quienes acuden físicamente a la playa o participan en bloqueos, reuniones y protestas. Ahora también se mide en miles de firmas verificadas, en una conversación nacional sobre playas públicas y en la presión para que el gobierno federal defina si hará valer la franja de 20 metros, el libre acceso y la protección ambiental.

La cifra ya superó al municipio entero. Y aunque no todos los firmantes sean habitantes de Bahía de Banderas, ese es precisamente el mensaje político de fondo: Playa Las Cocinas dejó de ser un pleito aislado de Punta de Mita para convertirse en un símbolo nacional contra la privatización de los espacios públicos costeros.