Arrestan a un abogado de Jalisco que defendía empresarios del Mega Operativo Nuevo Nayarit
La encarcelación del abogado jalisciense Joel Marín García en Nayarit ha desatado una profunda crisis institucional y legal, vista como una alarmante instrumentalización del aparato de justicia para favorecer intereses económicos y políticos del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
El litigante fue privado de su libertad tras asumir la defensa de un grupo de inversionistas de Jalisco afectados por el polémico “Mega Operativo Nayarit”, un esquema que, según las denuncias, y lo que él mismo declaró, “opera como una red criminal de despojos y expropiaciones ilegales, diseñados para apoderarse de propiedades en zonas de alto valor turístico”.
La lupa crítica se centra en la administración del gobernador Navarro Quintero, específicamente, en el actual palomeado de la subfiscal Ludmila Heredia Verdugo. Esta funcionaria es señalada como el alfil clave en la operación, acusada de utilizar la Fiscalía General del Estado para ejecutar las indicaciones políticas, incluyendo la persecución y criminalización de los defensores legales.
Y es que el impacto económico de este operativo es mayúsculo. Los inversionistas afectados y defendidos por Joel Marín han cuantificado el daño patrimonial de los desalojos en una cifra que asciende a $700 millones de pesos. Esta magnitud subraya que el conflicto no es un simple litigio, sino la lucha por bienes de mayúsculo valor
La detención de Joel Marín, en este contexto, aseguran sus defensores que no tiene fundamentos jurídicos, sino que, según las declaraciones de su entorno, obedece a la “voluntad del estado de silenciar o de atropellar a quien osa defenderse.”
La trama judicial se complica con las graves acusaciones de manipulación procesal. Durante la audiencia de Marín, se evidenció el presunto sometimiento del juez Francisco Lara León a las consignas externas. Más aún, la defensa intentó presentar pruebas que involucraban al notario Petronilo Díaz Ponce Medrano, quien paradójicamente es el Fiscal General del Estado, en la compra de terrenos similares a los imputados.
La Fiscalía, representada por Ludmila Heredia, hizo todo lo posible por excluir estas pruebas, llegando a alegar “fallas técnicas” para evitar grabar la audiencia, un intento que fue frustrado por la defensa que “accidentalmente” había registrado todo.
El caso Marín se utiliza como un mensaje directo de intimidación, reforzado por el dolor que han experimentado su padre, don Víctor, y su hijo al ser testigos del operativo en su contra. La defensa de los inversionistas y el gremio legal exigen la liberación inmediata de Marín y demandan la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y desmantelar la “red criminal de Estado” que, según denuncian, opera con impunidad para consumar los despojos.
El conflicto en Nayarit trasciende la esfera local. La presunta instrumentalización de la justicia bajo la sombra de la subfiscal Ludmila Heredia Verdugo, en su afán de escalar políticamente, amenaza la estabilidad legal y la seguridad de las inversiones. La exigencia es clara: detener la penalización de la abogacía y restaurar el Estado de derecho, evitando que el gobierno siga usando el terror judicial para consolidar un presunto esquema de expropiaciones ilegales y multimillonarias.
Este caso se suma al de la semana pasada, cuando otros activistas, Isaac Benjamín y Edgar Iván, también fueron detenidos imputados por la Fiscalía con dudosos cargos que la sociedad tachó de fabricados.
