Contrata OROMAPAS a hija del CONTRALOR en puesto directivo

El contralor municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Guillermo Medrano Carrazco, se encuentra en el centro de una controversia de gran calado tras revelarse la presunta contratación de su hija, Karen Lizbeth Medrano Kosonoy, en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OROMAPAS) de Bahía de Banderas.

Esta información, obtenida de un análisis minucioso del organigrama del organismo paramunicipal, ha encendido las alarmas sobre la ética y la legalidad en la administración pública local y pone en entredicho la función misma de la Contraloría.

Según los documentos consultados, Karen Lizbeth Medrano Kosonoy habría ocupado inicialmente el puesto de Subdirectora Administrativa, para luego ser reubicada como Jefa de Recursos Humanos dentro de OROMAPAS. Esta progresión en la carrera de la hija del Contralor, en un organismo que por su naturaleza debería ser sujeto a la supervisión y fiscalización de la Contraloría Municipal, genera un conflicto de interés mayúsculo y una grave sospecha de nepotismo, minando la credibilidad de la institución encargada de velar por la probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

La ciudadanía se pregunta cómo la Contraloría podría ejercer su función de auditoría y sanción en OROMAPAS,  si el propio Contralor tiene un familiar directo en una posición tan estratégica en la nómina.

La presunta conducta del contralor Guillermo Medrano Carrazco podría estar infringiendo diversas leyes y normativas de la administración pública, tanto a nivel municipal como estatal en Nayarit, específicamente en lo que respecta al nepotismo y al conflicto de interés.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit es el pilar legal en estos casos. Si bien el Artículo 54 de esta ley se enfoca en el cohecho, el espíritu de la normativa se extiende a la obtención de beneficios indebidos para familiares, pero es el Artículo 60 el que directamente tipifica el Nepotismo.

Este artículo es contundente al señalar que “cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de su empleo, cargo o comisión, influya en el ingreso, ascenso, permanencia o mejora de las condiciones de empleo de su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes por afinidad hasta el segundo grado, parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, cuando dicho ingreso, ascenso, permanencia o mejora sea indebido.”

La contratación y el aparente ascenso de su hija en un organismo bajo su órbita de supervisión encajan perfectamente con la descripción de esta infracción. Asimismo, la Ley de Responsabilidades en el Artículo 87,  establece las atribuciones y obligaciones de los Ayuntamientos, implicando que los funcionarios municipales deben actuar bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Claramente, la práctica del nepotismo contraviene de manera flagrante los principios de imparcialidad y honradez que deben regir todo acto de servicio público. Estos principios rectores de la función pública, consagrados en el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y replicados en la legislación estatal, son fundamentos ineludibles que todo servidor público debe observar, y su quebrantamiento en este caso es más que evidente.

Ante esta alarmante situación, se hace impostergable una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. La Sindicatura Municipal, el propio cabildo de Bahía de Banderas y los órganos fiscalizadores del estado de Nayarit, como la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), tienen la obligación ineludible de actuar de oficio ante estas serias denuncias públicas.

La sociedad de Bahía de Banderas, y en general la de Nayarit, demanda transparencia y una rendición de cuentas clara y contundente. La posible violación de leyes diseñadas para erradicar el nepotismo y la corrupción en el servicio público, más aún cuando el presunto infractor es precisamente quien debe ser el guardián de la probidad municipal, representa un grave atentado contra la confianza ciudadana y un llamado urgente a la actuación de las instituciones para salvaguardar la legalidad y la ética en la administración pública.