Pesan señalamientos de corrupción sobre Camarena en operativo Nuevo Nayarit
Una denuncia penal de alto impacto, que ya es analizada por la Fiscalía General de la República (FGR), ha puesto al descubierto una presunta red de corrupción que salpica a altos funcionarios del Gobierno de Nayarit. La investigación, detallada por la Revista Proceso, señala a José Gabriel Camarena Morales, coordinador jurídico del estado, como el principal implicado en un esquema de cohecho y tráfico de influencias.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, acusa a Camarena Morales de haber recibido más de 30 millones de pesos a través de su despacho jurídico. Estos pagos, según la querella, habrían sido la contraprestación por facilitar la asignación ilícita de terrenos turísticos de alto valor en la zona de Bahía de Banderas.
La trama se extiende para involucrar a Ludmila Heredia Verdugo, quien en su rol como entonces directora del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), habría jugado un papel clave en las operaciones. El caso se torna aún más delicado, ya que Heredia ha sido recientemente nombrada Subfiscal del estado, lo que genera serias dudas sobre la imparcialidad de cualquier investigación interna.
El escándalo se liga directamente al polémico “Operativo Nuevo Nayarit”, una iniciativa promovida por la administración actual para “recuperar” bienes estatales. Sin embargo, la denuncia asegura que el operativo, encabezado por Camarena, ha sido utilizado como una herramienta para el despojo arbitrario de propiedades, creando una profunda incertidumbre en el sector inmobiliario y afectando a inversionistas y propietarios por igual.
De acuerdo al reporte, entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022 Camarena recibió más de 30 millones de pesos en 17 transferencias, canalizadas a través del despacho Camarena & Compeán S.C., del que es socio. Los pagos se atribuyen a gestiones que facilitaron la construcción de un complejo hotelero en Nuevo Nayarit, impulsado por Artha Capital, vinculada a la cadena Marriott.
También, se reportaron cateos, órdenes de aprehensión y expropiaciones que habrían permitido reasignar inmuebles del Fideicomiso Bahía de Banderas en favor del consorcio privado, en una evidente práctica de conflicto de intereses.
La situación representa un duro revés para la narrativa de transparencia del gobierno de Nayarit, mientras las autoridades federales comienzan a desentrañar lo que podría ser uno de los mayores casos de corrupción en la entidad.
