Navarro Quintero revela que ya se negocian 20 metros de playa en Cocinas
El conflicto por playa Las Cocinas entró en una nueva fase de revisión institucional y negociación pública, luego de que el delegado de la Secretaría de Gobernación en Nayarit, Nayar Mayorquín, reconoció que deben revisarse desde el origen los permisos relacionados con la obra, mientras el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero reveló que ya se analiza con la empresa constructora la posibilidad de ampliar hasta 20 metros el espacio libre frente al proyecto, después de que la población rechazó una propuesta inicial de cinco y luego de diez metros.
El caso, que inició como una protesta comunitaria contra las obras de un desarrollo turístico en Punta de Mita, escaló durante los últimos días por denuncias de pobladores sobre una posible afectación a la zona federal marítimo terrestre, el acceso público a la playa y el ecosistema costero.
La inconformidad creció después de la detención temporal de tres manifestantes, posteriormente liberados, y del posicionamiento de la Secretaría de Gobernación, que señaló que el libre acceso a las playas debe garantizarse conforme al marco legal vigente.
En declaraciones recientes, Nayar Mayorquín planteó que el expediente debe revisarse de fondo para determinar si todos los permisos fueron tramitados conforme a la ley.
“Hay que revisarlo desde el principio para ver si se generaron todos esos permisos y que haya estado en regla todo lo que se ha venido haciendo”, señaló. Al ser cuestionado sobre si debían otorgarse permisos que implicaran concesionar la playa, respondió: “No, yo creo que no, obviamente, pero hay que ver hasta dónde llega el permiso”. El funcionario federal agregó que, según su conocimiento, Semarnat está integrando el expediente para dar claridad sobre el caso.
La intervención de Gobernación ocurre en un contexto de presión social y mediática creciente. Aristegui Noticias publicó primero que la inmobiliaria no tendría permiso de construcción en playa Las Cocinas, al citar documentos de Semarnat y Profepa que habrían negado o condicionado intervenciones por riesgos ambientales y de acceso público. Después, el mismo medio difundió una licencia municipal de construcción emitida por Bahía de Banderas por más de 21 millones de pesos para un desarrollo turístico en el área, lo que agregó un nuevo elemento de controversia sobre la actuación del Ayuntamiento. Aunque esta última versión, fue negada por el alcalde en comentarios de Facebook.
El gobernador Navarro Quintero, por su parte, reconoció que el planteamiento original de la empresa fue menor al que ahora exige la comunidad. Según su propia explicación, en una rueda de prensa ocurrida durante horas recientes, primero se negoció una separación de cinco metros; posteriormente, dijo, recibió una llamada del empresario, quien le informó que, tras reflexionar sobre lo platicado, aceptaría mover la construcción no cinco, sino diez metros. Sin embargo, el mandatario admitió que las comunidades analizaron la propuesta y pidieron que no fueran diez, sino veinte metros.
“Se fue a cinco, se fue a diez y ahorita solicitan veinte”, expresó el gobernador durante la rueda de prensa. La frase confirma que la presión de pobladores, activistas y medios ha modificado la ruta de negociación, aunque todavía no existe una resolución pública definitiva que garantice el retiro solicitado ni la restauración de la zona intervenida.
Navarro Quintero defendió que su gobierno busca evitar que el conflicto crezca, pero también colocó sobre la mesa dos preocupaciones: la posible afectación a la imagen turística por bloqueos o tomas de vías de comunicación, y el riesgo de que una inversión privada se retire si no encuentra garantías. “Lo importante es evitar el conflicto”, dijo, al tiempo que advirtió que “debe cuidarse que la delincuencia no contamine las pláticas.” También sostuvo que la obra representa una inversión fuerte y que actualmente tendría alrededor de cinco mil empleos asociados.
La postura del gobernador contrasta con la posición de los habitantes de Punta de Mita y Emiliano Zapata, quienes han insistido en que no se trata sólo de una negociación de metros, sino de la defensa de una playa pública, del tránsito libre y de un entorno natural que consideran uno de los últimos tramos accesibles para la comunidad. Y es que antes, los pobladores locales rechazaron la idea de retirar sólo cinco metros la obra fue y continuaron con el reclamo comunitario que se mantiene en “mínimo 20 metros o nada”.
La exigencia de los 20 metros tiene como trasfondo la zona federal marítimo terrestre, que en México se mide como una franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a las playas. El País documentó que vecinos denunciaron que el muro de piedra y las obras se ubican a pocos metros del oleaje, mientras que imágenes difundidas por la propia comunidad mostraban maquinaria y presencia policial en el área cuestionada.
A la discusión sobre la distancia entre la obra y el mar se suma otro reclamo comunitario: 40 hectáreas de áreas de donación, caminos y obligaciones urbanísticas que, según pobladores y publicaciones locales, estarían pendientes desde hace años en desarrollos vinculados a Grupo DINE en Punta de Mita.
Ese punto todavía requiere documentación oficial completa, pero ya forma parte de la agenda social que acompaña la protesta, porque los habitantes no sólo exigen playa libre, sino también claridad sobre los beneficios públicos que debieron derivarse de los desarrollos inmobiliarios.
Por ahora, el caso se encuentra en una zona intermedia: ni la empresa ha logrado cerrar políticamente el conflicto, ni las autoridades han presentado públicamente un expediente integral que despeje las dudas sobre permisos, impacto ambiental, zona federal, licencia municipal y obligaciones urbanísticas. Lo que sí cambió es el tono del gobierno estatal: después de días de tensión, detenciones y rechazo social, ya no se habla únicamente de cinco metros, sino de revisar una salida que podría llegar a los 20 metros reclamados por los pobladores.
La comunidad, mientras tanto, mantiene su postura de resistencia pacífica. Para los habitantes, aceptar una salida menor equivaldría a validar una afectación permanente a playa Las Cocinas. Para el gobierno, el desafío será demostrar que la negociación no sólo busca desactivar la protesta, sino garantizar legalmente el acceso público, revisar los permisos desde el origen y asegurar que cualquier inversión turística respete la ley, la playa y a las comunidades que históricamente han usado ese espacio.
