Detienen obras de ampliación a carretera San Vicente – Mezcales por pleito legal
La ampliación de la carretera Mezcales-San Vicente, anunciada hace ocho semanas por el entonces alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, y cuyo arranque se presentó hace apenas, quedó detenida debido al conflicto legal y agrario abierto entre el Ayuntamiento y ejidatarios de Valle de Banderas, propietarios de parte de las tierras que serían utilizadas para el proyecto.
La obra, considerada estratégica para aliviar el tráfico en una de las zonas de mayor crecimiento poblacional y urbano del municipio, contempla la ampliación de la vialidad a ocho carriles. Sin embargo, el desacuerdo surgió porque la intervención afectaría parcelas y terrenos ejidales, sin que hasta ahora exista un acuerdo firme sobre el pago que corresponde a las familias ejidatarias por el uso o afectación de sus tierras.
De acuerdo con la información difundida, el proyecto tendría una inversión cercana a los 43 millones de pesos y contemplaría trabajos de pavimentación, machuelos, banquetas, excavación, base hidráulica, terraplén, subrasante, vados y cruces de alcantarilla. No obstante, el punto que mantiene frenada la obra no es la necesidad de mejorar la vialidad, sino la falta de arreglo legal y económico con los 387 ejidatarios involucrados.
Ante la inconformidad, la directiva ejidal promovió un amparo para que el caso sea revisado por instancias federales. La intención es que se determine conforme a derecho cuál debe ser el procedimiento correcto y, especialmente, cuál es el monto justo que debe pagarse por hectárea o por la superficie ejidal que el municipio pretende utilizar para ampliar los carriles.
Mientras un tribunal no resuelva el fondo del conflicto o mientras no exista un acuerdo legalmente válido entre el gobierno municipal y los ejidatarios, la obra no podrá continuar. En la práctica, esto mantiene en pausa un proyecto que fue presentado como urgente, pero que ahora depende de la resolución jurídica sobre la tierra y la compensación correspondiente.
El caso también deja una lección administrativa para el Ayuntamiento de Bahía de Banderas: las obras públicas pueden ser necesarias y socialmente justificadas, pero deben arrancar con expedientes completos, acuerdos previos y certeza legal sobre los terrenos involucrados. De lo contrario, los proyectos quedan expuestos a suspensiones, retrasos, litigios y mayores costos para la población.
