VAN 70 denuncias electorales por actos anticipados en Nayarit, 60 ya sentenciadas
A meses de que arranque formalmente el proceso electoral, la promoción de aspirantes ya invade bardas, espectaculares, eventos y entregas de apoyos; el IEEN tiene decenas de expedientes y prácticamente todas sus resoluciones han terminado impugnadas.
La elección todavía no comienza formalmente, pero en Nayarit la carrera por aparecer en la boleta parece llevar meses de ventaja. Bardas pintadas, espectaculares, reuniones multitudinarias, brigadas, publicidad disfrazada de mensajes ciudadanos y hasta entrega de artículos o apoyos forman parte del paisaje político mientras distintos personajes buscan posicionarse rumbo a 2027.
El dato dimensiona el problema: de acuerdo con información atribuida a la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), el organismo ha recibido 70 denuncias durante 2026 por presuntos actos anticipados de campaña y otras posibles infracciones electorales. De esos asuntos, 60 ya habían recibido una determinación y únicamente diez permanecían pendientes al momento del reporte. Además, las 60 resoluciones emitidas habían sido impugnadas por alguna de las partes involucradas.
Y el momento resulta particularmente sensible ante la disputa que comienza a tomar forma al interior de Morena por las futuras candidaturas en Nayarit. Aunque una aspiración política por sí misma no constituye una infracción, existe una frontera legal entre manifestar interés por competir y ejecutar actos que, por su contenido, temporalidad y contexto, puedan constituir actos anticipados de precampaña o campaña. La legislación electoral y los criterios jurisdiccionales obligan a analizar precisamente esos elementos; no basta con llamar a una actividad “informativa” para volverla automáticamente legal.
Por ello, quienes desde ahora llenan municipios con su nombre, imagen o mensajes aparentemente genéricos tampoco cuentan con un cheque en blanco. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) define los actos anticipados de campaña como expresiones realizadas fuera de la etapa correspondiente que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de una candidatura o partido, y contempla procedimientos para investigar y sancionar infracciones.
En el ámbito local, la Ley Electoral del Estado de Nayarit complementa las reglas aplicables a partidos, aspirantes, precandidaturas, candidaturas y propaganda dentro del proceso estatal.
Especial atención merece la entrega de dinero, despensas, materiales u otros beneficios cuando éstos estén vinculados con estrategias político-electorales. No toda entrega realizada por cualquier persona constituye automáticamente compra del voto, pero la legislación sí establece restricciones severas cuando se ofrecen o entregan beneficios para presionar, condicionar o inducir el sufragio. Por eso, cuando un aspirante combina promoción personalizada con reparto de bienes, el contexto, financiamiento, finalidad y momento de la entrega pueden convertirse en materia de investigación electoral.
La situación se vuelve todavía más delicada tratándose de servidores públicos. El artículo 134 de la Constitución federal establece que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y prohíbe que la propaganda gubernamental incluya elementos de promoción personalizada de servidores públicos. Es decir, un funcionario no puede convertir programas, presupuesto, personal o comunicación institucional en plataforma para construirse una candidatura.
Las bardas tampoco son territorio sin ley. Durante los periodos electorales, la colocación y pinta de propaganda está sujeta a reglas sobre lugares permitidos, propiedad privada, equipamiento urbano y demás restricciones. Y cuando esa publicidad aparece antes de los tiempos legales, además de las reglas sobre el lugar donde fue colocada, puede analizarse su contenido para determinar si forma parte de una estrategia anticipada de posicionamiento electoral.
El escenario resulta incómodo para los partidos, pero particularmente para Morena, donde la competencia interna por las posiciones de 2027 ya genera movimientos visibles. La popularidad, las encuestas internas o la cercanía con determinado grupo político no colocan a nadie por encima de las reglas electorales. Quien pretenda convertirse mañana en candidato tendrá que explicar hoy quién paga su promoción, quién pinta sus bardas, quién organiza sus eventos y de dónde salen los recursos utilizados para mantener su nombre permanentemente frente al electorado.
El propio IEEN continúa acumulando procedimientos cuando diferentes denuncias corresponden a los mismos hechos, por lo que el número de expedientes puede modificarse conforme avanzan las investigaciones. Paralelamente, el organismo prepara la integración de los Consejos Municipales Electorales rumbo al inicio del proceso, previsto —según el reporte proporcionado— para el 7 de enero de 2027.
Así, Nayarit llegará a la antesala electoral con una paradoja difícil de ignorar: faltan meses para las campañas, pero ya existen 70 denuncias relacionadas con una competencia que oficialmente todavía no debería estar en campaña. Las autoridades electorales tendrán ahora el reto de determinar, expediente por expediente, qué constituye legítima actividad política y qué cruzó la línea hacia una promoción electoral anticipada.
