Exponen caso que ilustra operación del Mega Fraude inmobiliario en Nayarit
Un escándalo de fraude a la banca en el estado de Nayarit ha salido a la luz, involucrando a Rafael Gómez Velasco y su hermana Marissa Altagracia, sobrinos del ex senador Raymundo Gómez Flores. El caso ha generado una serie de demandas y denuncias que han afectado gravemente a la banca en la región, llevando a la restricción de financiamientos al sector turístico inmobiliario.
Banco Multiva SA de CV y Grupo Financiero Multiva fue una de las instituciones afectadas por este fraude, que comenzó con un contrato de crédito con la empresa “Inmobiliaria Paramagon SA de CV”, representada por Rafael Gómez Velasco, para financiar el proyecto inmobiliario “B Nayar”. El contrato establecía la aplicación del crédito a la construcción de las torres A y B, con garantías hipotecarias que luego resultaron ser objeto de irregularidades.
Posteriormente, se otorgó otro crédito por parte de Multiva a la empresa de Gómez Velasco para la construcción de la torre C de “B Nayar”, con condiciones similares al contrato anterior. Sin embargo, al revisar las garantías, se descubrieron irregularidades en los certificados de libertad de gravamen emitidos por el Registro Público de la Propiedad de Nayarit, lo que generó sospechas sobre la legalidad de las transacciones.
Ante la falta de inscripción de las garantías hipotecarias a favor de Multiva en el Registro Público, la institución bancaria solicitó una audiencia para investigar las irregularidades. Durante la audiencia, el registrador de Bucerías, Joel Iván Ahumada Zavala, mencionó actos jurídicos que no estaban reflejados en los antecedentes registrales, lo que desató aún más sospechas sobre la legalidad de las transacciones realizadas por Gómez Velasco.
Ante estas revelaciones, Multiva anunció que procedería a demandar los vicios propios de la constitución y aportación a un fideicomiso de garantía de los inmuebles, reservándose el derecho a iniciar acciones penales. Además, se descubrió que Gómez Velasco trasladó otros inmuebles al fideicomiso sin el consentimiento de Multiva, lo que agravó aún más la situación.
El caso ha dejado en evidencia la fragilidad de los controles y registros en el sistema bancario, así como la necesidad de una investigación profunda para esclarecer la magnitud del fraude. A la fecha, no hay detenidos por este escandaloso asunto, pero se espera que las autoridades actúen para llevar a los responsables ante la justicia y evitar que casos similares ocurran en el futuro.
El Registro Público de la Propiedad de Nayarit ha sido señalado en este escándalo de fraude a la banca por su presunta participación en las irregularidades detectadas en las garantías hipotecarias otorgadas por Rafael Gómez Velasco. Según las investigaciones, el Registro Público no inscribió adecuadamente las garantías hipotecarias a favor de Multiva, lo que generó dudas sobre la legalidad de las transacciones inmobiliarias realizadas en el marco de este caso.
Las irregularidades encontradas en los certificados de libertad de gravamen emitidos por el Registro Público de la Propiedad de Nayarit han puesto en entredicho la integridad de las operaciones inmobiliarias realizadas por Gómez Velasco y su empresa. La falta de inscripción de las garantías hipotecarias a favor de Multiva ha desencadenado una serie de cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de los procesos llevados a cabo en este caso.
Ante la falta de registro adecuado de las garantías hipotecarias en el Registro Público, Multiva ha tomado medidas legales para investigar y demandar los vicios detectados en las transacciones realizadas por Gómez Velasco. La institución bancaria ha expresado su preocupación por la falta de control y supervisión en el sistema registral, lo que ha permitido la comisión de presuntas irregularidades que han afectado su patrimonio.
El Registro Público de la Propiedad de Nayarit se encuentra ahora en el centro de la polémica, ya que su participación en este caso de fraude a la banca ha puesto en tela de juicio su rol como ente encargado de garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones inmobiliarias en la región. Se espera que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad del Registro Público en este escándalo y tomar las medidas necesarias para prevenir futuros casos de fraude en el sector.
