SCJN da revés a Ley de Fraccionamientos y falla a favor del Ayuntamiento
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en la controversia constitucional 336/2023, interpuesta contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y el Congreso del Estado.
Esta sentencia marca un hito en la defensa de los procesos legislativos y la autonomía municipal, cuestionando severamente la legalidad de varios decretos que afectan directamente las políticas de urbanización y ecología en la región. La disputa se originó cuando el síndico municipal Julio César Robles Lima presentó la demanda el 23 de mayo de 2023, impugnando la validez de diversos decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 4 de abril del mismo año.
Estos decretos incluían reformas significativas a leyes estatales clave como la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre otras normativas relacionadas con el desarrollo urbano y la gestión del territorio.
Uno de los puntos de mayor controversia fue la presunta irregularidad en el proceso legislativo, que, según el municipio, violó varios artículos de la Constitución Federal, incluyendo los artículos 14, 16, 39, 40, 41 y 116. Entre las irregularidades señaladas destacaba la falta de promoción preferente de la iniciativa, la aprobación apresurada sin justificación adecuada para dispensar trámites legislativos y la ausencia de deliberación informada entre los legisladores.
Tras un análisis exhaustivo del caso, el Tribunal Pleno determinó que la Suprema Corte era competente para conocer del asunto y reconoció la legitimidad del municipio de Bahía de Banderas para promover la controversia. También se aceptó la legitimidad pasiva de los Poderes Legislativo y Ejecutivo estatales en la disputa, lo que permitió un examen detallado de las impugnaciones relacionadas con la autonomía municipal y las competencias legislativas.
En su resolución, el ministro ponente Alberto Pérez Dayán destacó que los decretos impugnados infringían la esfera competencial del municipio y vulneraban su autonomía en la gestión de fraccionamientos y urbanización. Esta decisión reflejó una preocupación por la legalidad del proceso legislativo en general, así como un llamado a respetar los principios constitucionales que garantizan un debate transparente y deliberativo en la creación de leyes que impactan directamente a las comunidades locales.
La sentencia de la Suprema Corte reafirmó la importancia de proteger la autonomía municipal y estableció un precedente significativo para la gobernanza urbana en Nayarit y otros estados del país. Subrayó la necesidad imperiosa de seguir procedimientos legislativos adecuados y transparentes para evitar conflictos legales futuros y asegurar que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de participar plenamente en el proceso legislativo.
Ahora se conoce de esta decisión, sin embargo, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, había anunciado solo unos días antes que la Ley de Fraccionamientos seguirá aplicándose en Bahía de Banderas sin diferencias con el gobierno municipal. En su reciente visita al municipio, el gobernador aseguró que el Ayuntamiento, gobernado por Lía Castro, había renunciado al juicio de controversia y que se trabajaría de manera conjunta para garantizar el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente en la región.
