Buscan quitar control del desarrollo urbano a municipios con ley estatal
Sigue en análisis de comisiones una iniciativa de ley enviada por el gobernador Miguel Ángel Navarro, al Congreso de Nayarit el pasado 7 de noviembre, para reformar en todos los municipios el control de autorizaciones para el desarrollo urbano y dejar en término reales la facultad para desarrollar territorio en materia urbana sobre las manos del gobierno estatal.
Se trata de la “Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanizacion del Estado de Nayarit”, complementada por una serie de decretos para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones y artículos a las Leyes de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit; Planeacion del Estado de Nayarit; Estatal del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente; de Movilidad del Estado de Nayarit; e inciso hasta en el Código Penal estatal.
Este enorme paquete de reformas plantea de fondo profundos cambios en materia de fraccionamientos, acciones de urbanizacion y ordenamiento territorial, de tal forma se estos temas sean facultad principal del Gobierno de Nayarit, dejando a los ayuntamientos con un rol accesorio y protocolario para dichos cometidos.
Sospechosamente, la iniciativa impactarís profundamente en Bahía de Banderas, donde la industria inmobiliaria y la inversión en infraestructura privada están en constante crecimiento gracias al turismo, y los cambios en el mapa urbano están a la orden del día, por ahora bajo la tutela del Ayuntamiento.
Como ejemplo, si los diputados aprobaran esta propuesta tal cual la envió el despacho del gobernador, únicamente el poder ejecutivo estatal podría autorizar el desarrollo de nuevos fraccionamientos a través del Instituto de Planeación de Estado (IPLANAY).
Y el Municipio únicamente tendrá la facultad de tutelar la autorización y gestión de acciones urbanas que no impliquen una superficie mayor a los 10 mil metros cuadrados, 10 lotes ni 3 pisos de altitud, toda vez que cualquier proyecto excedente a esas dimensiones será atraído por el IPLANAY.
Por sólo mencionar dos de los puntos que más preocupan a especialistas en la materia, está iniciativa del Gobernador ha sido fuertemente criticada debido a que no soluciona de manera técnica ningún problema urbano ni medioambiental, tampoco aporta ninguna facilidad al desarrollo y planeación urbanos de los municipios.
Por el contrario, centraliza los trámites y gestiones e implica un crecimiento de burocracia. Sospechosamente, el proyecto tiene tintes de aspiraciones para aumentar el control del gobierno estatal en la recaudación y poder sobre la industria inmobiliaria, que prospera en la franja costera de Bahía de Banderas, y actualmente bajo el control administrativo municipal de Mirtha Villalvazo.
