Temen huída de capitales por conflicto en playa Cocinas
La anunciada visita del senador Gerardo Fernández Noroña a Punta de Mita, programada para este domingo 24 de mayo en la plaza de Corral del Risco, abre un nuevo capítulo político y social en el conflicto por Playa Cocinas, un tema que ya rebasó el ámbito comunitario y comenzó a generar preocupación entre empresarios, inversionistas, prestadores de servicios y micro negocios de la franja turística de Bahía de Banderas.
El caso, que inició como una protesta local contra obras cercanas al mar, se ha convertido en un escándalo nacional por los señalamientos sobre la Zona Federal Marítimo Terrestre, la presencia de maquinaria, el uso de policías durante las protestas y las denuncias de pobladores que exigen garantizar el acceso libre a la playa. Reportes nacionales han documentado que las obras se realizan a pocos metros del mar y que la ley mexicana contempla una franja de 20 metros de Zofemat como bien de dominio público.
En ese contexto, la llegada de Noroña, uno de los declamadores más radicales de la llamada Cuarta Transformación es leída por distintos actores locales como una señal de que el conflicto podría escalar todavía más en lo político, mediático y social. Para una parte de los habitantes, representa respaldo a la defensa de la playa; para sectores empresariales, abre una etapa de mayor incertidumbre si el caso no encuentra pronto una ruta de conciliación formal, transparente y verificable.
La preocupación no se limita a los grandes desarrolladores. Empresarios locales, comerciantes, restauranteros, transportistas, prestadores turísticos y pequeños negocios de Punta de Mita, Corral del Risco, Emiliano Zapata y comunidades cercanas dependen de una economía históricamente sostenida por el turismo, la llegada de visitantes, la inversión inmobiliaria y la imagen de estabilidad del destino. En esa cadena, cualquier señal de confrontación prolongada puede impactar no sólo a los capitales grandes, sino también al empleo cotidiano y al consumo local.
La inquietud empresarial parte de un punto concreto: Riviera Nayarit y Bahía de Banderas forman parte de una de las zonas turísticas con mayor valor estratégico del país. Datos de CBRE México ubicaron a Riviera Nayarit con una ocupación hotelera promedio de 74.7% entre enero y agosto de 2025, incluso por encima del 72.9% reportado para Puerto Vallarta en el mismo periodo. El mismo reporte señaló que los hoteles de lujo y alta gama ya representan 60% de los establecimientos de tres a cinco estrellas en ambos destinos.
A nivel estatal, Nayarit también ha construido una narrativa de atracción de capital. Data México, con información de la Secretaría de Economía, reportó que la entidad captó 363 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa durante 2024 y acumuló 5 mil 493 millones de dólares entre 1999 y 2024. En ese periodo, los principales países inversionistas han sido Estados Unidos, Canadá y España, tres mercados clave para el desarrollo turístico e inmobiliario de la costa nayarita.
Además, reportes especializados del sector turístico han colocado a Riviera Nayarit como uno de los polos con mayor dinamismo, con estimaciones de más de 5 mil 500 millones de dólares en inversiones proyectadas para 2025 y una expansión hotelera superior a 3 mil 600 nuevas habitaciones hacia 2026. Aunque esas cifras corresponden a proyecciones sectoriales y no a inversión materializada en su totalidad, reflejan el tamaño de las expectativas económicas puestas sobre la región.
Por eso, entre empresarios y prestadores de servicios comienza a tomar fuerza un llamado: resolver el conflicto sin mandar el mensaje de que la inversión no es bienvenida, pero también sin ignorar que las playas son bienes públicos y que la legalidad ambiental debe cumplirse. La salida, plantean, no puede ser ni la imposición de la obra ni la cancelación automática de toda inversión, sino una mesa real entre autoridades federales, estatales, municipales, empresa, comunidad y sectores económicos afectados.
El fondo del problema es que Playa Cocinas ya dejó de ser solamente una disputa por metros de playa. Se convirtió en una prueba sobre la capacidad institucional de Nayarit para conciliar desarrollo turístico, certeza jurídica, acceso público, protección ambiental y paz social. Si el conflicto se mantiene en las calles, en bloqueos, en denuncias penales o en giras políticas, la región corre el riesgo de proyectar una imagen de ingobernabilidad que puede pesar sobre futuros proyectos, reservas, empleos y decisiones de inversión.
La tensión aumentó luego de que organizaciones y medios nacionales reportaran órdenes de aprehensión contra manifestantes relacionados con las protestas del 27 de abril, además de señalamientos por presunta criminalización de la defensa de la playa. El conflicto también ha sido acompañado por versiones de diálogo y por comunicados de la empresa en los que sostiene que la concesión sobre Zofemat no equivale a propiedad y que la playa seguirá siendo de todos.
La visita de Noroña, en ese sentido, puede convertirse en un punto de inflexión. Si su presencia ayuda a presionar una negociación pública, podría empujar una salida institucional. Pero si el acto termina profundizando la confrontación, el costo puede recaer en una zona cuya economía depende de la confianza: confianza del visitante, del inversionista, del trabajador turístico y del pequeño negocio que vive de la actividad diaria.
Para los sectores productivos, la urgencia es clara: que las autoridades dejen de administrar el conflicto por partes y construyan una solución diplomática antes de que el daño reputacional sea mayor. Punta de Mita necesita certeza para la comunidad, certeza para la inversión y certeza para quienes viven del turismo. Sin esos tres elementos, el conflicto por Playa Cocinas puede terminar afectando mucho más que una obra: puede golpear la estabilidad económica de una de las franjas más valiosas de Nayarit.
