Manifestantes siguen con carpetas: Fiscal general advierte por caso Cocinas

Aunque los manifestantes detenidos durante el conflicto por playa Las Cocinas fueron liberados menos de 24 horas después de su captura, la Fiscalía General de Nayarit mantiene abiertas las carpetas de investigación en su contra. Así lo confirmó su titular Ludmila Heredia Verdugo en declaraciones a la prensa, al explicar que la libertad otorgada a los inconformes no significa que el caso haya quedado cerrado.

De acuerdo con sus declaraciones, la fiscal sostuvo que los detenidos fueron puestos en libertad porque el caso no ameritaba prisión preventiva, pero afirmó que la investigación continúa. “Se les dio libertad. A ellos se les detuvo en flagrancia porque llegaron a amenazar, invadieron propiedad privada y agredieron a una policía; le fracturaron su brazo”, declaró Heredia Verdugo al ser cuestionada sobre los hechos.

La fiscal precisó que la liberación se dio “dentro de las facultades del Ministerio Público y en el contexto de una gestión política encabezada por el gobernador de Nayarit”, para abrir una vía de diálogo entre la empresa y los particulares involucrados.

“Sin embargo, en esta gestión que tuvo el gobernador de llevar a socializar entre la empresa y los particulares, ese mismo día se les dio libertad porque es un hecho que no amerita prisión”, señaló.

Heredia Verdugo fue clara en un punto central: el expediente no ha sido cancelado. “Es una facultad que tenemos como Ministerio Público. La carpeta sigue en trámite”, dijo ante la prensa. Con ello, la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de que el procedimiento avance si no existe una salida conciliatoria entre las partes.

Según la funcionaria de Navarro Quintero, mientras no haya un acuerdo formal, conciliación o perdón legal, la investigación continuará su curso.

“Mientras no llegue a una conciliación y no les otorguen el perdón, pues el hecho está demostrado”, afirmó. Incluso añadió que los propios participantes habrían documentado parte de los hechos: “Incluso ellos lo documentan, ¿no? Hay evidencia fotográfica”.

En sus declaraciones, Ludmila Heredia también enumeró los posibles delitos que se investigan en torno a la detención de los manifestantes. Mencionó lesiones, abuso, delitos contra servidores públicos y asociación delictuosa, al señalar que “eran varias personas” las que participaron en los hechos que derivaron en la intervención de las autoridades.

Luego del pronunciamiento de la fiscal, el activista de esta causa y poblador Pepe Ávila  expresó en un par de postes o dese su Facebook sentir temor él y sus compañeros activistas y defensores de playa Las Cocinas,  por la posibilidad de enfrentar consecuencias legales. La preocupación no es menor: la liberación de los detenidos redujo la tensión inmediata, pero las carpetas de investigación siguen abiertas y podrían reactivarse si no hay conciliación.

“Solo estamos defendiendo una playa, el acceso libre al mar y la naturaleza de nuestra bahía. No somos criminales. Por eso hago públicamente responsable al gobierno del estado de Nayarit (…) así como a Grupo DINE y Cantiles de Mita, de cualquier cosa que pudiera llegar a pasarme a mí o a quienes han alzado la voz de manera pacífica. No es justo que se nos estigmatice, intimide o señale por defender lo que es de todos” señaló.

El caso corresponde a los hechos ocurridos cuando tres manifestantes fueron arrestados durante las protestas contra las obras relacionadas con el proyecto privado en la zona de Playa Las Cocinas. Después de su detención, los inconformes fueron liberados, pero el Ministerio Público no dio por concluido el expediente. La postura de la Fiscalía marca una diferencia importante entre quedar libre y quedar fuera de investigación.

Unos días antes, otro activista de este movimiento, Eduardo Huerta, también subió un vídeo señalando tener miedo y responsabilizando a las autoridades de cualquier cosa que le ocurra.

En paralelo, el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, afirmó ayer en su conferencia de rendición de cuentas que su gobierno no autorizó ninguna obra sobre la playa. Según su explicación, el Ayuntamiento únicamente autorizó una obra privada dentro del terreno ubicado tierra adentro, junto a la zona costera, pero no en la playa ni en la zona federal marítimo terrestre.

Santana intentó deslindar a su administración de la responsabilidad sobre el conflicto costero al señalar que lo relacionado con playa, zona federal y posibles afectaciones al litoral corresponde al Gobierno de México y a sus dependencias competentes. Con ello, el municipio buscó separar la licencia de construcción en propiedad privada de las obras o intervenciones cuestionadas por pobladores y activistas en el entorno de Playa Las Cocinas.

Sin embargo, las declaraciones de Ludmila Heredia colocan el foco en otro punto: mientras las autoridades discuten competencias sobre permisos, playa y zona federal, los manifestantes que participaron en la protesta todavía enfrentan una carpeta abierta. Para los defensores del movimiento, ese escenario alimenta el miedo y la percepción de presión legal contra quienes se oponen al proyecto.

Así, el conflicto de Playa Las Cocinas ya no se limita a la disputa por el acceso público, la legalidad de las obras o la responsabilidad de las autoridades municipales y federales. También se convirtió en un caso penal en curso. La fiscal fue directa: los manifestantes fueron liberados, pero no exonerados. La carpeta sigue viva.