Se prepara DURO GOLPE a bahía con reforma inmobiliaria “fast track”
De manera preocupante, ha trascendido que este miércoles será pasada por comisiones legislativas del Congreso de Nayarit la reforma enviada por el gobernador de Nayarit en noviembre pasado, que propone el poder ejecutivo tome el control del desarrollo urbano a gran escala que hoy ejercen los municipios.
Sin embargo, su paso por las comisiones sería únicamente de forma protocolaria, ya que trasciende que se ha dado la instrucción por parte del ejecutivo estatal de no modificarla, en un proceso puntualmente motivado por el jurídico del Gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena, férreo promotor de esta iniciativa.
Se trata de la propuesta de “Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanizacion del Estado de Nayarit”, complementada por una serie de decretos para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones y artículos a las Leyes de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit; Planeacion del Estado de Nayarit; Estatal del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente; de Movilidad del Estado de Nayarit; e incluso hasta en el Código Penal estatal.
Este enorme paquete de reformas, propuesto el pasado 7 de noviembre a nombre del gobernador Miguel Ángel Navarro, plantea de fondo profundos cambios en materia de fraccionamientos, acciones de urbanizacion y ordenamiento territorial, de tal forma se estos temas sean facultad principal del Gobierno de Nayarit, dejando a los ayuntamientos con un rol accesorio y protocolario para dichos cometidos, solo a cargo de proyectos prácticamente domésticos y pequeños.
La iniciativa impactaría profundamente en Bahía de Banderas, donde la industria inmobiliaria y la inversión en infraestructura privada están en constante crecimiento gracias al turismo, y los cambios en el mapa urbano están a la orden del día, por ahora bajo la tutela del Ayuntamiento.
Como ejemplo, si los diputados aprobaran esta propuesta, tal como se pretende en el próximo periodo de sesiones ordinarias sin hacerle cambios, tal cual la envió el despacho del gobernador, únicamente el poder ejecutivo estatal podría autorizar el desarrollo de nuevos fraccionamientos a través del Instituto de Planeación de Estado (IPLANAY).
Por solo mencionar algunos puntos, todas las construcciones que excedan los 3 pisos de altura, las 10 manzanas o 10 mil metros cuadrados de extensión, deberán ser tramitadas, pagadas, aprobadas y supervisadas con y por el Gobierno de Nayarit, desde Tepic.
Creando un enorme problema burocrático y de centralismo administrativo, que obstaculizaría la gestión de proyectos inmobiliarios y hasta obras públicas y privadas en todos los municipios, pero especialmente en Bahía de Banderas.
Ante este escenario, de proseguir su curso la iniciativa sin ningún obstáculo, se esperaría que los municipios como Bahía promovieran juicios de inconstitucionalidad al serle reducidas sus facultades como ayuntamientos, aunque hasta el momento ningún alcalde ni edil se ha pronunciado al respecto.
Es importante mencionar que esta propuesta no ha pasado desapercibida y tiene en descontento a empresarios y ciudadanos en general, ante una inminente burocratización de la obra privada en Nayarit.
Al ser uno de los municipios más perjudicados por esta eventual nueva legislación en la materia, el Cabildo de Bahía de Banderas, cuya alcaldesa y regidores se encuentran enfrentados en este momento, tendrían que preparar el juicio de inconstitucionalidad para evitar que las consecuencias se sufran de inicio.
