Desairan y rechazan regidores iniciativa de alcaldesa Vs luminarias LED

Este jueves hubo sesión de Cabildo ordinaria en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. La jornada perfilaba, desde la agenda acordada, que se aprobará una iniciativa propuesta por la alcaldesa Mirtha Villalvazo, para revivir el ya gastado debate sobre las luminarias LED, con un nuevo intento de revocar el dictamen emitido sobre la empresa que se propone colocarlas en todo el municipio, Impromex de Occidente SA. de CV.

Como ya se había debatido hace más de un mes, cuando la Comisión Edilicia Especial para Asociaciones Público Privadas tomó la parte en el asunto emitiendo el dictamen 241/ 2023 el 29 de junio, continuar con el contrato obligaría a la empresa a cumplir un estricto programa de reemplazo de luminarias por unas del tipo LED, darles mantenimiento y soporte técnico, esto sin un costo extra para el municipio.

No obstante, en una nueva y también inexplicable intentona de la alcaldesa para revertir el tema, está sesión se propuso quitarle a la empresa el dictamen favorable y volver a analizar su esquema de trabajo, siendo que dicho análisis ya estaba agotado pues para eso se creó una Comisión Especial.

Tan pronto como se abrió el micrófono para los comentarios sobre la iniciativa, se cayeron los argumentos de la misma.

La regidora Estefanía Prado tuvo una intervención que rosó la media hora, pero en la que, punto por pinto, fundamentó la legalidad del análisis dictamen que la Comisión Especial habían hecho y cuyo veredicto era dejar continuar a la empresa dando el servicio con las luminarias.

Ello, no por otra razón que por conveniencia económica, ya que la firma tiene el contrato desde el año 2014, pero es en los últimos años que se le han adeudado los pagos hasta sumar unos 128 millones de pesos en morosidad por parte del Ayuntamiento.

Pero de aprobarse la iniciativa de la alcaldesa, es decir no hacer caso al dictamen y buscar dejar de trabajar con la empresa como proveedora, ya se advertía que está tenía todo el derecho de pedir una indemnización económica al Municipio, por no menos que 700 millones de pesos.

Ante tal abrumador dato, expuesto por la regidora y repetido con sus propias exposiciones por las también ediles Erika Cruz, Elda Minjares y Emigdia Jiménez, quienes además recordaron que la firma tendría la obligación de cumplir con una responsabilidad social y técnica, favorable en saldos al Ayuntamiento por su nulo costó al erario.

Rápidamente se derrumbó el argumento en favor de la iniciativa de la alcaldesa, sobre que la votación del dictamen fue ilegal, tras haberse mencionado que no lo era por haber tenido 8 votos a favor en una sesión a la que por voluntad propia no acudió el resto del pleno edilicio.

Mientras que los ediles Antonio Plácito y Julio Cesar Robles (síndico), misteriosamente “voltearon bandera”, pues aunque fueron parte de la comisión que avaló el dictamen a favor de continuar con la empresa hace más de un mes, ahora pidieron no continuar con el mismo (sin dejar claro porqué).

Finalmente la alcaldesa pidió el voto de confianza, nadie más pudo ofrecer argumentos, solo ella se dijo “extrañada” por el deseo de los regidores de pagarle a la empresa el servicio de alumbrado y no continuar haciéndolo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque, de nuevo, esto último se dijo sale más caro que continuar con el contrato.

Mirtha Villalvazo acusó a los ediles de defender un contrato y quererla forzar a pagar a la empresa, pero no replicó acerca de la posibilidad de que el Ayuntamiento de hecho terminara perdiendo 700 millones de pesos para indemnizar a la firma si no continuaba con ella.

Quizás para su sorpresa, en la votación, no logró revocar el dictamen y por ende suspender el contrato. Ocho regiodores votaron en contra (de esta propuesta) y siete respaldaron a la presidenta municipal.

Y es que en el debate quedó muy claro que en ninguna situación el Ayuntamiento iba a ganar la partida o dejar de estar endeudado porque ya lo está, sino que se trataba una elección entre caminos para “perder menos”.

Los regidores que se impusieron en la votación hucieron por tanto lo más lógico: continuar el contrato e ir pagando los 128 millones adeudados más los montos que continúen cobrándose por el servicio, en vez de no continuar con el contrato y pagar de todas formas pagar, pero cerca de 5 veces más ese monto.

Los ocho regiodores resistieron al presiones e intentos de convencimiento de la alcaldesa y su equipo durante los días anteriores, pero finalmente tomaron una decisión que la ciudadania aplaude pues beneficia la estabilidad de las finanzas municipales.