Gobierno federal toma acciones por caso de playa Cocinas
El conflicto por Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, escaló nuevamente al terreno federal luego de que integrantes del Comité Puntamitense de la Batalla por Playa Las Cocinas acudieran a la Ciudad de México para exponer ante autoridades federales las presuntas irregularidades ambientales y de acceso público vinculadas al desarrollo turístico impulsado por Grupo DINE en la zona.
De acuerdo con la información difundida por el propio movimiento, el viernes 8 de mayo los activistas sostuvieron reuniones en la Cámara de Diputados, donde presentaron el caso ante la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, luego de una gestión realizada por la diputada federal por Nayarit, Andrea Navarro, quien fungió como enlace institucional para abrir la puerta del caso en el Congreso.
Durante el encuentro, los representantes ciudadanos expusieron videos, fotografías, testimonios y elementos técnicos con los que buscan acreditar posibles afectaciones dentro de los 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre, franja que por ley debe mantenerse como área de uso público y protección federal. La denuncia se centra principalmente en la construcción de un muro de piedra y obras asociadas que, según habitantes de Punta de Mita, habrían modificado el entorno costero y restringido el acceso tradicional a Playa Las Cocinas.
Como resultado de la reunión, PROFEPA y el Comité Puntamitense acordaron abrir una ruta de trabajo institucional para revisar las denuncias ambientales, evaluar las posibles afectaciones al ecosistema costero y analizar si existen irregularidades en la zona federal. En la exposición también participó el ambientalista Erick Saracho, quien colaboró con argumentos técnicos sobre el impacto que las obras podrían tener en el área.
El caso no quedó únicamente en el ámbito administrativo ambiental. De manera paralela, personal de la Fiscalía General de la República realizó una visita oficial a Playa Las Cocinas acompañado de peritos y especialistas técnicos, como parte de una investigación federal por posibles delitos ambientales. Durante esa diligencia, las autoridades levantaron evidencia, tomaron fotografías, videos y mediciones, además de realizar observaciones sobre el terreno, la vegetación y el ecosistema costero.
Integrantes del movimiento estuvieron presentes durante la inspección para explicar directamente a los peritos sus señalamientos sobre presuntos desmontes, modificaciones del terreno, intervención en la franja federal y posibles impactos ambientales. Para los activistas, la intervención simultánea de PROFEPA y FGR representa un avance relevante, pues el caso deja de concentrarse únicamente en la discusión local y entra formalmente al escrutinio de dependencias federales con facultades para revisar daños ambientales, permisos y responsabilidades.
El conflicto por Playa Las Cocinas ha provocado protestas, bloqueos carreteros, presencia policial, detenciones de manifestantes y una creciente presión pública contra el gobierno estatal acusado de apoyar incondicionalmente al proyecto turístico de Grupo DINE, relacionado con los complejos Pendry y Montage en Punta de Mita. El gobernador Miguel Angel Navarro Quintero dijo en su último comentario sobre el tema que la empresa ya se disponía a liberar hasta 10 metros de playa. Sin embargo, la principal exigencia de los habitantes ha sido que se respete el acceso público a la playa y que cualquier obra dentro o cerca de la ZOFEMAT sea revisada con lupa por autoridades federales, dejando 20 metros que marca la ley de espacio público.
En medio de esa presión, el Gobierno de Bahía de Banderas también salió a explicar su papel en el otorgamiento de permisos. El Ayuntamiento sostuvo que la licencia municipal de construcción emitida en abril de 2025 se otorgó con base en documentación presentada por los desarrolladores, incluyendo una Manifestación de Impacto Ambiental originalmente emitida en 2009 a favor de la empresa H5 Nayarit S.A. de C.V., con vigencia señalada de hasta 40 años, además de una actualización emitida en julio de 2025.
Juan Edel Castro Sotelo, exdirector de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas y actual encargado de Catastro Municipal, compareció para explicar que la licencia municipal hizo referencia al resolutivo ambiental original y a su actualización, la cual —según dijo— contemplaba alrededor del 90 por ciento de lo planteado en la autorización inicial, aunque con ajustes a valores relacionados con las condiciones actuales del entorno ambiental y urbano.
El funcionario también señaló que el pago por la licencia de construcción fue superior a 21.5 millones de pesos y que esos recursos ingresaron íntegramente a las arcas municipales bajo la tarifa correspondiente a desarrollo turístico.
Sin embargo, el punto fino del deslinde municipal está en el alcance de esa autorización. Según la explicación del Ayuntamiento, el municipio no habría tenido injerencia sobre obras ejecutadas directamente en la playa o en la zona federal, sino únicamente sobre el terreno privado contiguo al desarrollo.
Bajo esa postura, la administración municipal busca separar la licencia de construcción otorgada en predio privado de las intervenciones que los habitantes denuncian dentro de la franja costera de competencia federal.
Esa aclaración, lejos de cerrar el caso, abrió una nueva línea de discusión: si las obras cuestionadas corresponden exclusivamente a propiedad privada, si invaden o afectan la ZOFEMAT, o si forman parte de una intervención integral que requiere revisión más amplia por parte de SEMARNAT, PROFEPA y ahora la FGR.
Por ahora, el conflicto entra en una etapa decisiva. Los activistas lograron llevar el expediente a la Ciudad de México, el Congreso abrió una vía institucional mediante la gestión de Andrea Navarro y las dependencias federales ya comenzaron a revisar el terreno. Del otro lado, el municipio insiste en que actuó dentro de sus atribuciones y que su permiso no autoriza obras sobre la playa.
La respuesta final ya no dependerá sólo del discurso político local, sino de lo que determinen las autoridades federales: si hubo o no afectación ambiental, si se respetaron los 20 metros de zona federal, si los permisos corresponden realmente a lo construido y si Playa Las Cocinas seguirá siendo una playa de libre acceso o terminará convertida en otro frente de disputa entre comunidad, gobierno y desarrollo turístico de alto nivel.
