Más de 7 millones de pesos pagó Ayuntamiento al tío de la alcaldesa por terreno
El día 20 de febrero se dispersó el recurso por $7,690,000.00 (siete millones seiscientos noventa mil pesos) por concepto del pago de expropiación del edificio que resguarda la presidencia municipal en Valle de Banderas, casi al inicio de la administración actual que preside la alcaldesa Mirtha Villalvazo declaró su interés por “comprar” la casona que resguarda las oficinas de la presidencia municipal, misma que era propiedad de un tío cercano de la alcaldesa, lo que representa un claro conflicto de interesés, aunque ella misma ha declaró su familiaridad con el propietario, asegurando que la presidencia ha estado durante 32 años en el mismo lugar.
Lo que omitió mencionar la alcaldesa es que ese edificio fue construido con dinero del Ayuntamiento desde la administración de Chano Flores, donde únicamente se encontraba una pequeña casa vieja que el Ayuntamiento tuvo que demoler para construir lo que hoy es, por lo que parece impresionante que se pague más de 7 millones por algo que el propio Municipio construyó en un terreno poco útil para albergar todas las oficinas.
El Artículo 8 de la ley la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Nayarit señala que “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. Igualmente, en el mismo estatuto se establece que todo servidor público deberá “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos los de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Por lo que es importante recordar que los conflictos de interés al no ser atendidos pueden generar actos de corrupción configurándose en ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, que son sancionados incluso de manera penal por la ley.