Gobierno federal interpone juicio contra ley de Navarro que oculta registro público de la propiedad
La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto que restringe la publicidad del Registro Público de la Propiedad de Nayarit. Esta medida, impulsada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 3 de mayo de 2024 y ha generado controversia en el ámbito jurídico.
La acción de inconstitucionalidad se centra en la derogación de una parte de la Ley del Registro Público del Estado de Nayarit que permitía a cualquier persona consultar los asientos registrales, así como en la adición de un requisito de interés jurídico para acceder a la información del Registro. Según la Consejera Jurídica del Gobierno de México, estas disposiciones contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y limitan el acceso a la información pública y a los actos inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
El recurso, registrado con el número 114/2024, busca declarar la invalidez de estas disposiciones legales y fue presentado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, a través del correspondiente oficio. La ministra ordenó la formación y registro del expediente físico y electrónico, y se dispuso notificar a las partes involucradas para que presenten sus argumentos y la Corte pueda emitir un fallo al respecto.
La posible aprobación de esta acción de inconstitucionalidad tendría repercusiones en la creación de la “alerta registral”, un mecanismo que notifica a los propietarios de bienes inmuebles sobre solicitudes de inscripción o certificación relacionadas con sus propiedades. Esto podría limitar el acceso a la información y afectar la transparencia en el Registro Público de la Propiedad, generando preocupación en diversos sectores y organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En este contexto, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) también se ha manifestado en contra del decreto, considerando que atenta contra la máxima publicidad y la protección de datos personales. Asimismo, en una sesión del pleno, el consejero presidente del INAI advirtió sobre la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta disposición del gobernador Navarro Quintero, resaltando la importancia de garantizar el acceso a la información y la protección de los derechos de los ciudadanos en materia de registros públicos.
